Olla popular en una protesta en la localidad bonaerense de La Matanza, este jueves
“¡Viva la libertad, carajo!”. Es el grito de guerra de Javier Milei, en la campaña y ahora. El nuevo presidente de Argentina, libertario anarcocapitalista, usa el término libertad para justificar todas las medidas de corte autoritario que ha tomado desde que llegó a la Casa Rosada el 10 de diciembre.
La última muestra es la denominada ley ómnibus, un decreto enviado el miércoles al Congreso por el mandatario, que consta de 664 artículos que pretenden transformar de raíz el sistema político argentino por decreto, declarando al mismo tiempo la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, arrogándose de esta forma poderes del legislativo. Esta fecha podría prorrogarse dos años más, es decir, que regiría durante los cuatro años de mandato de Milei.
Entre las decenas de medidas, que suponen la modificación de una veintena de leyes, hay una que ejemplifica el riesgo que corre la democracia argentina con un mandatario populista cuya vicepresidenta, Victoria Villarruel, defiende abiertamente la última dictadura (1976-1983). La “congregación intencional y temporal de tres o más personas” que impida transitar libremente o proveer servicios públicos podría ser castigada con hasta seis años de prisión.
El decreto lleva por título: “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” y engloba, según el propio Milei, las dos terceras partes de sus promesas electorales. Además de avanzar en la privatización de las cerca de cuarenta empresas públicas argentinas o eliminar las protecciones al sector del libro, por ejemplo, la ley ómnibus también encierra una reforma radical del sistema electoral, eliminando las primarias obligatorias que preceden a los comicios presidenciales y cambiando las listas legislativas de representación proporcional de un territorio por circunscripciones de candidatos uninominales.
La ley ómnibus es el tercer gran paquete de medidas que Milei anuncia en menos de un mes. Nada más asumir el cargo, el Gobierno anunció una decena de acciones económicas de urgencia en un país que tiene un 161% de inflación, advirtiendo que a corto plazo ese índice de precios seguiría incrementándose. El Ejecutivo devaluó el peso un 50%, suspendió la licitación de obra pública, eliminó los subsidios a la energía y el transporte, anunció una reducción del número de funcionarios públicos o suspendió la publicidad institucional en los medios de comunicación.
Unos días después, el 20 de diciembre, el presidente ultraderechista, sancionó otro megadecreto –que entró en vigor este viernes, aunque también debe ser ratificado por el Congreso- que modifica o deroga más de 300 leyes y que tiene por objetivo acelerar la desregulación de la economía sentando las bases para las privatizaciones de empresas públicas, el fomento de la medicina privada o la liberalización de sectores como el vitivinícolas, el aerocomercial o el inmobiliario.
Esta semana ya se concretó el despido de 5.000 empleados públicos temporales que habían ingresado en la administración durante el 2023 y cuyos contratos, que finalizan mañana 31 de diciembre, no serán renovados.
Argentina no se incorporará el 1 de enero, como estaba previsto, al grupo de los BRICS, bloque de países emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
Los dos megadecretos deben ser ratificados por el Congreso, donde Milei y sus aliados de la derecha macrista están lejos de la mayoría y donde el peronismo opositor tiene mucho más peso. Sin embargo, el presidente o sus portavoces lanzan cada día proclamas libertarias despreciando al Parlamento y argumentando que el 55% de los votos le da derecho a llevar adelante sus propuestas sin la intromisión del legislativo. Milei amenaza con un referéndum para aprobar sus reformas si el Congreso no las convalida.
Mientras tanto, las calles están tranquilas aunque ha habido pequeñas protestas muy controladas por la policía. Los sindicatos, encabezados por la peronista Confederación General del Trabajo (CGT), realizaron este miércoles su primera y tímida protesta contra Milei en Buenos Aires y han convocado una huelga general para el 24 de enero.
Por otra parte, el Gobierno confirmó este viernes que el 1 de enero Argentina no se incorporará –como estaba previsto- al grupo de los BRICS, bloque de países emergentes formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
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