La banda Gran Ravin ha tomado el control de Carrefour Feuilles. Por el camino ha dejado un reguero de sangre en este barrio de Puerto Príncipe, la capital haitiana: al menos 30 muertos, incluidos dos policías, y más de una decena de heridos, según estima la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Dominique Charles perdió a sus padres, su hijo de 18 años y dos parientes más cuando atacaron su casa con cócteles molotov, según Afp. “Yo pude escapar pero los demás no tuvieron tanta suerte”, declaró a la RNDDH, que monitorea la última ola de violencia en la ciudad, intensificada entre el 11 y el 15 de agosto.
Se trata de uno de los episodios más sangrientos desde que los grupos criminales se hicieron con el control de Haití (el 80% de la capital es suya) aprovechando el vacío que dejó el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021. Según Protección Civil de Haití, más de 5.000 vecinos de este distrito estratégico para las bandas han huido de los ataques a mano de la banda de Renel Destina, alias Ti Lapli. Mujeres, niños y ancianos salieron a pie, en moto o hacinados en coches. Se suman a los casi 195.000 haitianos desplazados internos desde el 2022, afirmaba Human Rights Watch (HRW) en un informe esta semana. Haití, el país más pobre del continente, ha estado atrapado durante años en una profunda crisis económica, política y de seguridad, pero la situación se agrava por momentos con las pandillas campando a sus anchas ante lo que muchos consideran una impasibilidad del gobierno del primer ministro de facto Ariel Henry. “Para quienes viven en las zonas afectadas, la policía y otras autoridades prácticamente no existen”, recordaba HRW. Los desplazados de Carrefour Feuilles sacaron esta semana su ira a la calle para denunciarlo otra vez, y pedían auxilio a las Fuerzas Armadas, tras sentirse de nuevo desatendidos.
La lucha de pandillas por hacerse con el barrio de Carrefour Feuilles desplaza a más de 5.000 personas
Y mientras Renel Destina sembraba el miedo en el sur de la capital, la ONU insistía en la necesidad de desplegar una fuerza internacional de forma “urgente” para ayudar a la policía haitiana. “Sigo pidiendo a los estados miembros que desplieguen una fuerza multinacional ajena a Naciones Unidas, compuesta por fuerzas policiales especiales con el apoyo de unidades militares”, escribía el jefe de la ONU, António Guterres. La llamada iba dirigida sobre todo a países de la región, si bien Kenia ya se había postulado para enviar a mil policías a finales de julio. El responsable de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, justificó el viernes el apremio al mencionar que el auge criminal se ha saldado con la vida de cerca de 2.500 personas desde inicios de año. Tras una evaluación sobre el terreno en las próximas semanas, el plan deberá votarse en el Consejo de Seguridad.
Algunos haitianos ven con recelo la coincidencia del estallido de la violencia, cuyo inicio sitúan más bien en julio, cuando las pandillas mataron a 82 personas, según el recuento de grupos de vigilancia citado por el Haitian Times . De hecho, fue el mes pasado cuando se reanudaron las conversaciones para la intervención multinacional tan anhelada por el Gobierno desde octubre. No tienen más evidencia que los gritos desatendidos de los vecinos y, a la vez, buscan la manera de explicar la inacción de las autoridades. “Con estos ataques perpetrados en este momento, es un escenario para hacer creer a la gente que solo la intervención es la solución a los problemas de inseguridad”, argumentó el coordinador general de la Organización de Derechos Humanos Collectif 4 December, Jean Robert Argant, al Haitian Times .
La mayoría de los haitianos (un 68%), sin embargo, aprueba el despliegue, según una encuesta encargada por la Alianza para la Gestión de Riesgos y Continuidad de Negocios de Haití.
En cambio, el expolicía Jimmy Chérizier, alias Barbecue y considerado el líder pandillero más poderoso de Haití, ha advertido que luchará contra cualquier fuerza armada internacional si esta se pasa de la raya, recordando los abusos sexuales cometidos en el país por los cascos azules de la ONU. Chérizier, el único haitiano sancionada por la ONU y acusado de planear masacres y de organizar un bloqueo de combustible el año pasado que paralizó el país, aseguró que solo apoyará la fuerza si tiene como objetivo arrestar a Ariel Henry y a políticos “corruptos” y policías locales que, según él, venden municiones y armas en los barrios marginales. La paz se augura lejana.