Parece un flashback a las plantaciones del siglo XVIII. Un centenar de trabajadores de la caña de azúcar, minúsculas figuras negras en un inmenso paisaje ocre de cañas secas, cavan en la tierra a golpes de azada. Luego se sembrará la caña.
Ganan 41 reales –unos ocho euros– por un día de trabajo cuantificado como el área marcada por un capataz con una vara de medir: 30 brazas cortadas, unos 6,6 kilómetros de surco. “Yo lo haré en ocho horas y beberé cinco litros de agua”, calcula un trabajador, delgado como su azadón. Su padre y su abuelo eran cortadores de caña aquí. Los antepasados más distantes, esclavos.
En la usina Santo Antonio “nos ponen una multa si faltamos al trabajo aunque sea por enfermedad”
41 reales no dan para mucho estos días en Brasil, donde las subidas de precios de los alimentos y los combustibles han reavivado el espectro del hambre en las zonas rurales de Alagoas, Pernambuco, Ceará y otros estados del noreste brasileño. Al igual que los productores de cereales y carne, las empresas azucareras –que fabrican diferentes clases de azúcar así como biocombustibles– están en un buen momento. “El precio del azúcar sube; los salarios, no”, dice el trabajador. Brasil es el productor de azúcar más grande del mundo.
Una cuadrilla de trabajadores de la caña, en la carretera de Recife, capital del estado brasileño de Pernambuco
Increíblemente, estos trabajadores de la caña no son los peor remunerados en esta parte de Alagoas. Con el 64% de la población ganando menos de 5,5 dólares diarios, este es el séptimo municipio más pobre de Brasil, (los seis primeros son todos de la Amazonia), según el ranking de Marcelo Neri, de la Fundación Getulio Vargas. El colindante Pernambuco, donde nació el candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, hace 77 años, es el estado en el que más ha subido la pobreza desde el inicio de la pandemia.
El 54% de votantes que cobra menos de 467 euros está por Lula; los mejor remunerados, por Bolsonaro
Estos sembradores de caña
esperan con ganas la primera vuelta de las elecciones presidenciales el próximo domingo y la esperada victoria de Lula aunque sea en la segunda vuelta, el 29 de octubre. “Antes que nada, espero que él baje los precios”, dijo el trabajador.
A escala nacional, el 30% de los votantes de Lula denuncian la escasez de alimentos. Muchos están en el noreste . Esta región históricamente pobre logró espectaculares avances sociales e infraestructurales durante los primeros doce años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (2002 al 2014) pero ha sido una de las más golpeadas desde entonces. “Si yo pudiera, votaría cien veces a Lula”, dijo una trabajadora que limpiaba la tierra para los sembradores.
Otros trabajadores esperaban junto a un autobús a ser llevados al ingenio azucarero, la usina Santo Antonio, en São Luís do Quitunde, donde viven. La subida de precios de los alimentos les supone un doble golpe porque “el dueño no nos deja sembrar nuestros propios cultivos en la propiedad de la empresa”, dijo un trabajador.
Aunque la mayor parte del azúcar brasileño ahora se cultiva en el estado sureño de Sao Paulo, la caña está simbólicamente vinculada al noreste, donde el sistema de plantaciones y monocultivos empleó cientos de miles de esclavos a partir del siglo XVIII y provocó un desastre medioambiental. La esclavitud de facto se mantuvo mucho después de la abolición, en 1888.
Ahora, tras los avances de principios de este siglo, vuelve el pasado oscuro. Los trabajadores de la usina Santo Antonio no han recibido un aumento de salario en diez años y las condiciones laborales son cada vez peores, dicen. “Nos ponen una multa de siete reales si faltamos al trabajo aunque sea por enfermedad. Aquí hay gente que se desmaya con el calor. Hace poco uno murió”, dijo un trabajador bigotudo que llevaba 25 años trabajando y viviendo en la propiedad de la usina Santo Antonio .
Igual que con los organismos federales de protección ambiental, “Bolsonaro ha vaciado las instituciones de vigilancia laboral”, dijo el experto en trabajadores rurales Alexandre Valadares, del Instituto Federal de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Asimismo, la reforma laboral del 2017, que Bolsonaro ha mantenido, ha desmantelado los convenios colectivos y eliminado derechos.
Bolsonaro anunció en mayo un plan antipobreza llamado Auxilio Brasil, que distribuye 600 reales a los 20 millones de familias más pobres. Pero hay pocas señales de que incida en la intención de voto. El 54% de los votantes que ingresan menos de 2.400 reales mensuales (467 euros), la mitad del electorado, dice que votará a Lula, frente al 25% para Bolsonaro, quien solo tiene ventaja frente a Lula en los votantes más remunerados, que cobran más de 7.000 reales al mes (1.361 euros). Pero estos, pese a hacer mucho más ruido en redes sociales, constituyen solo el 13% del electorado.
Por la carretera hacia Recife, otra cuadrilla de trabajadores estaba sentada en el arcén rodeado de campos de caña. Un coche aparcado al lado llevaba la pegatina de Lula. “Con Bolsonaro la gasolina ha llegado a ocho reales; en los años de Dilma ni llegó a cinco pero hubo protestas en todo el país; contra Bolsonaro nadie protesta”, dijo un trabajador que cortaba y repartía cañitas de azúcar para chupar el jugo. Ahora llega el día de la democracia, el voto es obligatorio y la mayoría silenciosa de brasileños pobres decidirá el resultado.