Después de meses de ladrar y ladrar, el Reino Unido finalmente ha mordido con la publicación hoy de una ley que hace trizas el Protocolo de Irlanda del Norte y autoriza al gobierno de Boris Johnson a ignorar e incumplir aquellos aspectos de los acuerdos del Brexit que no son de su agrado, a pesar de haberlos firmado en su día sin que nadie le pusiera una pistol en la cabeza. No solo eso, sino que los alabó como “magníficos”. Un diplomático europeo ha afirmado que “la UE” no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo Londres viola un tratado internacional”.
La ley presentada a la Cámara de los Comunes exime de los controles aduaneros de la Unión Europea a los productos enviados al Ulster desde el resto de Gran Bretaña, y los limita a aquellos que vayan a continuar viaje a la República de Irlanda (apenas un 5% del total); establece una doble regulación, que permite a las empresas norirlandesas elegir entrte la normativa europea y británica para las importaciones y exportaciones, la ayuda estatal y el regimen fiscal; y, tal vez la cuestión más explosive de todas, acaba de un plumazo con el acuerdo para que las disputas sean resueltas por el Tribunal Europeo de Justicia, y las pone en manos de “jueces independientes”.
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Pese que el Liz Truss aseguró que el Reino Unido actúa en los márgenes de la ley internacional, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, se plantea emprender una serie de acciones legales para "proteger el Mercado Único de los riesgos que el cambio presentado hoy supone para las empresas y la seguridad de los consumidores". El ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, ha señalado también que la ley presentada hoy supone el punto más bajo en las relaciones entre el Reino Unido y la UE por el Brexit.
La UE se plantea emprender demandas legales para proteger el Mercado Único
“No queremos un conflicto con la UE, pero llevamos dieciocho meses negoaciando sin que Bruselas haya ofrecido ninguna solución a los problemas prácticos que se han planteadop en Irlanda del Norte y que amenazan la estabilidad de los Acuerdos del Viernes Santo –ha dicho en los Comunes la secretaria del Foreign Office, Liz Truss-. Esta ley no va contra nadie, sino que defiende la integridad territorial del Reino Unido y la supremacía de nuestros tribunales, y garantiza que los ciudadanos del Ulster sean tratados igual que los del resto del país y no como de segunda”.
La ley puede sin embargo tardar hasta un año en entrar en vigor, dada la oposición a la misma en la Cámara de los Lores, que puede bloquearla todo ese tiempo. Boris Johnson también se enfrenta a una posible rebelión cuando se someta a votación en los Comunes, pero no le importa reeditar las guerras del Brexit para intentar reforzar una autoridad muy disminuida por la moción de censura que superó la semana pasada con un 41% del grupo parlamentario en contra. Numerosos diputados, entre ellos la ex primera ministra Theresa May, se han llevado las manos a la cabeza por el desprestigio internacional que significa para el Reino Unido incumplir un tratado.
Para el gobierno Johnson se trata de una decisión táctica, con el fin de presionar a Bruselas a que haga concesiones
En el seno del Gabinete ha habido diversas posiciones sobre la legislación, con el ministro de Economía Rishi Sunak al frente de quienes se oponían a ella (o pedían que fuera lo menos provocadora posible) por miedo a las repercusiones de una guerra comercial con Europa en plena crisis del coste de la vida. Pero Johnson se puso finalmente del lado de la ministra de Exteriores Liz Truss y los euroescépticos, en busca de apoyos para intentar sobrevivir como líder hasta las elecciones del 2024.
A pesar de que la ley deroga (desde el punto de vista británico) la capacidad del Tribunal Eurpeo de Justicia para resolver las disputas, los unionistas del Partido Democrático del Ulster, principal grupo protestante, no han respondido con gran entusiasmo y siguen haciéndose los remolones para permitir la formación de un gobierno en la provincia liderado por sus archienemigos republicanos del Sinn Fein, que ganaron los últimos comicios. Londres también teme la reacción negativa de Washington, donde el lobby irlandés es sumamente influyente.
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Para el gobierno Johnson se trata de una decisión táctica, con el fin de presionar a Bruselas a que haga concesiones a las que hasta ahora se ha resistido con el argumento de que ha de preservar la integridad del mercado único. Considera que la mayor parte de los controles que han multiplicado la burocracia y creado problemas de suministros en el Ulster se pueden resolver con flexibilidad y buena fe, y confía en que la publicación de la ley empuje a la UE a renegociar el Protocolo de Irlanda del Norte en vez de llevar a una guerra comercial. Dice que como los ladridos no han bastado, no ha tenido más remedio que morder.