Más de 50 mujeres acusan a oenegés de abusos sexuales en RD Congo

Eran víctimas fáciles frente a lobos con piel de cordero: mujeres con necesidad de encontrar o mantener un empleo en un contexto de miseria, en mitad de una de las peores emergencias sanitarias y frente a hombres que habían llegado al país aparentemente para ayudar y resultaron no tener escrúpulos. Más de 50 mujeres denunciaron ayer que trabajadores de varias organizaciones humanitarias internacionales abusaron de ellas o las explotaron sexualmente entre los años 2018 y 2020 durante la crisis del ébola en la ciudad de Beni, en el este de la República Democrática del Congo.

Una investigación de un año realizada por la agencia independiente The New Humanitarian y Thomson Reuters Foundation destapó que al menos 51 mujeres recibieron propuestas de sexo o fueron forzadas sexualmente a cambio de darles un trabajo en la organización humanitaria. Si no accedían, no eran contratadas o eran despedidas.

La investigación señala a la OMS, Oxfam, Unicef, World Vision o Médicos Sin Fronteras, entre otras

La mayoría de las acusaciones, 30 de los 51 casos investigados, involucran a hombres que dijeron trabajar para la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya plantilla desplegada en RD Congo en la epidemia estaba formada en un 81% por hombres. La lista de organismos señalados es larga: Unicef, Oxfam, Médicos Sin Fronteras , World Vision, la Organización Internacional para las Migraciones, Alima o el Ministerio de salud de Congo.

A los requerimientos de una ­reacción a la oficina de la OMS en África, un portavoz redirigió a este diario a un comunicado en el que el organismo asegura estar “indignado” por unas acciones “inaceptables y que serán investigadas enérgicamente”. La OMS fue una de las primeras organizaciones en desplazarse al este de RD Congo para hacer frente al considerado como el segundo peor brote de ébola de la historia, en el que casi 3.500 personas resultaron contagiadas y más de 2.250 murieron. Las acusaciones señalan especialmente a cooperantes de varias nacionalidades: Bélgica, Francia, Canadá, Burkina Faso, Costa de Marfil y Guinea.

Tras ser informado del asunto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió una investigación para esclarecer los hechos. Oenegés como MSF y Unicef lanzaron comunicados ayer en los que subrayan que en los últimos años han implementado mecanismos de control y de denuncia para evitar casos similares.

La dureza del informe indica que tampoco en esta ocasión fue suficiente. El texto habla de actos “comunes” y “práctica extendida”, por lo que el número de víctimas podría ser muy superior, y recoge declaraciones de chóferes de oenegés que llevaban continuamente a las víctimas a los hoteles para los encuentros sexuales. “Era tan habitual como comprar comida en un supermercado”, explica un conductor.

La mayoría de las víctimas eran cocineras, limpiadoras o empleadas con contratos temporales que cobraban entre 50 y 100 dólares al mes, el doble del salario en una región muy empobrecida y con alto desempleo. Algunas mujeres dicen que les invitaban continuamente a bebidas alcohólicas, otras aseguran que fueron emboscadas en oficinas y hospitales, y otras cerradas bajo llave en habitaciones donde los hombres, la mayoría doctores, administrativos o trabajadores sanitarios, amenazaban con despedirlas.

“Hay muchas mujeres afectadas por esto”, dice una víctima de 44 años. Al menos dos mujeres quedaron embarazadas y la mayoría no denunció por miedo, desconfianza de las autoridades o porque desconocía los mecanismos para hacerlo.

Una de las víctimas era una superviviente del ébola de 32 años a quien llamaron para ofrecerle una sesión de apoyo psicológico en un hotel. En el bar accedió a tomar una bebida sin alcohol y horas después despertó desnuda y aturdida en una habitación, donde cree que fue violada. “En lugar de ayuda, todo lo que tengo es un trauma mayor”.

El escándalo llega apenas dos años después del caso de Oxfam en Haití, cuando se acusó a la organización de ocultar que algunos de sus empleados habían alquilado servicios sexuales, incluso de menores, después del terremoto del 2010. Otras organizaciones como Save the Children y Plan Internacional también se vieron envueltas en escándalos de abuso sexual.