La evolución del vínculo entre Julian Assange y el gobierno ecuatoriano ha sido paralela al deterioro de las relaciones entre el expresidente Rafael Correa y su delfín, Lenín Moreno.
Siendo presidente, Correa defendió a capa y espada al fundador de Wikileaks, mientras que Moreno hizo todo lo contrario en cuanto accedió al poder en el 2017, de la misma manera que fue desandando la mayoría de acciones y decisiones tomadas por su mentor. Assange se convirtió en el vértice internacional de una lucha fratricida, pues Moreno había sido vicepresidente durante los dos primeros gobiernos de Correa (2007-2013). Ambos militaban en el mismo partido, Alianza País, fundado por Correa, quien el año pasado acabó dándose de baja, al mismo tiempo que Moreno se hacía con el control de la formación.
Ecuador otorgó asilo al fundador de Wikileaks el 16 de agosto del 2012, ocho semanas después de que el 18 de junio se refugiara en la embajada de ese país en Londres. “Gracias Ecuador”, tuiteó entonces Assange, que había conocido a Correa cuando poco antes el periodista australiano había entrevistado por videoconferencia al mandatario. En la entrevista se percibe la empatía entre ambos. En el 2011, Correa había expulsado a la embajadora de EE.UU. precisamente porque en uno de los cables de Wikileaks la diplomática daba por sentado que en Ecuador existía corrupción policial de alto nivel.
Nueva estrategia
Moreno ha intentado durante meses quitarse de encima a un ‘invitado’ incómodo
La prensa opositora interpretó que el líder ecuatoriano quería dotarse de una imagen internacional de defensor de la libertad de información cuando en el país muchos medios y periodistas denunciaban la persecución del gobierno, que había impulsado una ley de Comunicación con duras sanciones contra informadores y editores.
El asilo y la protección de Assange estaban garantizados con Correa, que permitió a la justicia sueca interrogar al activista por la causa de una supuesta violación, que finalmente sería archivada. Pero todo cambió con la llegada de Moreno a la presidencia el 1 de mayo del 2017, aunque al principio la intención del nuevo mandatario fue quitarse de encima la patata caliente logrando que Assange abandonara la embajada por voluntad propia.
Diplomáticamente, el Gobierno trató de garantizar que si salía no sería detenido por el Reino Unido o asegurar que con un salvoconducto podría abandonar Londres con destino a un tercer país. Para ello, a finales del 2017 le concedió la nacionalidad ecuatoriana. Aunque el Foreign Office lo rechazó, Quito pidió que Londres reconociera a Assange como “agente diplomático”.
Pero Moreno cambió drásticamente de actitud cuando, tras presiones de la diplomacia española, el 28 de marzo del 2018 ordenó cortar la conexión a internet de Assange por defender a los independentistas catalanes, alegando que el periodista tenía prohibido inmiscuirse en los asuntos de otros países.
Apoyo al ‘procés’
El apoyo diplomático frenó en marzo de 2018 después de las presiones españolas
Desde entonces, el enfrentamiento fue en aumento hasta el punto de que el australiano anunció que denunciaría al Gobierno ecuatoriano por “violar sus derechos y libertades fundamentales”. Quito, que ya había filtrado que su “huésped” provocaba problemas de higiene en la embajada porque no se duchaba, respondió a Assange obligándole a hacerse cargo de sus gastos de manutención a partir de diciembre del año pasado, coincidiendo con el nombramiento de un nuevo embajador en Londres, Jaime Alberto Marchán, cuyo cometido principal debía ser gestionar la salida de fundador de Wikileaks de la legación diplomática.
Poco antes, en noviembre, The Washington Post había publicado que la justicia estadounidense había abierto una causa secreta contra el informático y se habían intensificado las presiones de Washington, con visitas de altos funcionarios estadounidenses a Moreno, que trataba de congraciarse con EE.UU. para obtener apoyo financiero ante la crisis económica de Ecuador.
Marchán fue quien el jueves comunicó personalmente a Assange la decisión de expulsarle de la embajada tras la “suspensión” de su nacionalidad ecuatoriana. Rápidamente, el Gobierno salió a justificar su decisión. El ministro de Exteriores, José Valencia, acudió al parlamento a detallar los motivos y reveló que, entre el 2012 y el 2018, el coste de mantener asilado a Assange en su embajada se elevó a cerca de seis millones de euros, la mayoría en gastos de seguridad y el resto en “gastos médicos, alimentación y lavado de ropa”.