El acceso a la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los catalanes, con una fuerte crisis del mercado del alquiler y una notoria falta de oferta de compraventa en Barcelona y su gran área metropolitana que está empujando de nuevo los precios. Es por ello que la Generalitat se ha marcado como objetivo prioritario ampliar en 50.000 unidades el parque de pisos públicos para el 2030, especialmente en régimen de arrendamiento. Para lograrlo prevé una movilización de 1.100 millones de euros anuales, parte de los cuales depende de contar con unos nuevos presupuestos, tarea ahora encallada.
Se trata, probablemente, del plan más ambicioso del Govern para esta legislatura. Si llega a incorporar los 50.000 pisos como promete, el parque público de vivienda pasaría del discreto 2,6% actual a más del 5%. Todo ello en solo cinco años.
La Conselleria de Territori i Habitatge, que dirige Sílvia Paneque, calcula que en los últimos diez años apenas se han construido unas 1.230 viviendas de protección oficial en Catalunya. Mientras tanto, el 35,3% de la población sufría algún tipo de exclusión residencial en el 2021. La situación, pues, se ha vuelto explosiva. Para paliar este déficit, el ejecutivo ha activado diferentes iniciativas. La primera y principal, la creación de una reserva pública de solares para saber exactamente de qué terrenos se dispone y dónde están ubicados. Los ayuntamientos están aportando ya esta información, que se centraliza en un registro bajo el control de la Generalitat. En paralelo, se abrirá una convocatoria pública para la promoción de vivienda. Paneque ya ha explicado a los promotores las condiciones de la convocatoria de suelos para convencerlos de que acudan a ella. La Generalitat calcula que, con las medidas para acortar a la mitad el tiempo de ejecución –licencia temporal de obras, agilización de trámites...– y si lograran movilizar todos los solares ya disponibles en Catalunya, se podría disponer de unas 25.000 viviendas construidas para alquiler en el periodo 2027-2028.
Para atraer a los constructores el ICF lanzará una línea de 500 millones anuales destinada a operadores públicos y privados, además de compensar a las empresas en caso de decalaje entre el coste de la edificación y el rendimiento del alquiler.
La estrategia para facilitar el acceso al mercado residencial incluye asimismo la creación de una nueva tipología de vivienda protegida proveniente del mercado de segunda mano. Se considerará vivienda de precio limitado aquella que se adquiera a través del Fondo Público de Emancipación que la Generalitat quiere activar este mismo año. Este fondo estará dotado con 100 millones de euros anuales (500 millones en total) y está pensado para ayudar a los jóvenes a financiar la entrada de un piso, ya que muchos se encuentran en la situación de poder asumir el pago de una hipoteca, pero no cuentan con ahorros suficientes como para acceder al crédito, dadas las condiciones de las entidades bancarias.
El Govern quiere movilizar 4.400 millones para ampliar el parque de alquiler social
El nuevo plan de ayudas financiará hasta el 20% de la compra a personas de hasta 35 años a través del Institut Català de Finances (ICF), con una bonificación de dos puntos sobre los intereses. La vivienda deberá ser de segunda mano y no mayor de 90 m², y se establecerán criterios de renta para acceder al Fondo. Los intereses se deberán abonar de forma mensual, pero el beneficiario no tendrá que devolver el importe del préstamo público hasta que no haya pagado toda la hipoteca sustraída con el banco.
En caso de que el propietario de la vivienda adquirida con la ayuda del fondo quisiera vender el inmueble en un futuro, no podría hacerlo a precio de mercado. Es aquí donde entra la nueva figura de “precio limitado”. Así, solo tendría permitido aplicar la subida del IPC del período. Además, el propietario debería devolver la totalidad de la ayuda que recibió del fondo. La Generalitat calcula que unos 12.000 jóvenes de hasta 35 años podrían beneficiarse de este plan, de manera que entren hasta 12.000 pisos más al parque de vivienda protegida.
Otra de las vías para alcanzar esos 50.000 pisos públicos está en la cartera inmobiliaria que fondos y entidades financieras acumulan aún de la época más dura de la burbuja, con pisos obtenidos mediante ejecuciones hipotecarias. La Generalitat ejercerá el derecho de compra –tanteo y retracto– que tiene sobre estos inmuebles cuando sea posible y viable, para así reconvertirlos en vivienda pública destinada al alquiler social. Para ello, destinará 500 millones de euros, aunque en esta partida también incluirá ayudas para al alquiler de familias vulnerables y líneas de rehabilitación de inmuebles.
Recientemente, el Govern ha ejercido el tanto y retracto en dos importantes operaciones de compra de vivienda. A finales del año pasado, usó esta fórmula para comprar 451 viviendas por 30,5 millones de euros a Inmocaixa. Y en febrero adquirió 743 pisos a Divarian, la inmobiliaria del fondo estadounidense Cerberus que se quedó con los activos tóxicos del BBVA. En total, pagó 72 millones de euros por las viviendas, a razón de unos a 96.900 euros el piso. De esta manera, el Govern ha sumado casi 1.200 pisos públicos para alquiler social en solo tres meses.
En ambos casos, son viviendas en régimen de alquiler donde viven familias en situación de vulnerabilidad.
Con los recursos actuales, se podrían tener listos unos 25.000 pisos para el 2028
Con todo ello, el Govern intenta dar un gran salto en el parque público de vivienda y que el acceso a un hogar no sea un privilegio.
