Bruselas ya ha dado el pistoletazo de salida al camino hacia el próximo marco financiero plurianual (MFF), o, lo que es lo mismo, el presupuesto de la Unión Europea que se negocia para varios años. Y no va a ser una operación sencilla, porque lo que tiene pensado la Comisión Europea es una verdadera “revolución” sobre cómo se organizan estos fondos que ahora se nutren de las contribuciones de los Estados miembros. El plan es organizar unas cuentas mucho más ambiciosas, tanto en tamaño como en diseño, para adaptarse a los mayúsculos retos que afronta Europa en este momento: aumentar la competitividad de las empresas comunitarias para reducir la brecha con EE.UU. y China o el refuerzo de la defensa europea, a la vez que permitir el pago de la deuda contraída por el plan de recuperación tras la pandemia. Nada fácil.
El aviso es claro: “Las crecientes expectativas de actuación de la UE reflejan la necesidad de replantearse el presupuesto de la UE”. Así lo indica un primer documento de intenciones políticas, al que ha tenido acceso este diario, que acaba de revisar el Colegio de Comisarios reunido en Estrasburgo. Todavía quedan tres años, porque el próximo ciclo presupuestario está previsto que empiece en el 2028 y abarque el periodo hasta el 2034, pero estas negociaciones suelen ser siempre muy largas y farragosas entre los representantes comunitarios y los Estados miembros –la última vez, les tomó dos años–. La Comisión pondrá sobre la mesa una primera propuesta concreta en julio para iniciar el debate cuanto antes, pero ya comienza a anticiparse ante la batalla. Los países sacan toda la artillería para pelear cada partida, y no está nada claro que naciones como Alemania, Austria o Países Bajos vayan a poner rápido una alfombra roja a un aumento del tamaño del presupuesto comunitario.
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Lo que dice de forma preliminar la Comisión Europea en esta comunicación es que el presupuesto no solo se debe ampliar, sino también se debe hacer de manera que haya un equilibrio entre las mayores inversiones en competitividad –tal y como pedía Mario Draghi en su alabado informe– y garantizar que se pague la deuda del plan de recuperación. El informe calcula que esto comportaría entre los 25.000 y los 30.000 millones de euros al año, es decir, cerca del 20% del presupuesto anual de la UE. “No puede haber un presupuesto de la UE a la altura de nuestras ambiciones y en particular que garantice el reembolso del Fondo de Recuperación y, al mismo tiempo, contribuciones financieras nacionales estables sin introducir nuevos recursos propios. Hay que tomar decisiones”, avisa el Ejecutivo comunitario en esta primera aproximación.
En estas decisiones, hay varias líneas guía. La primera es que los retos políticos y presupuestarios exigen un cambio del “status quo”: modificar la manera en cómo se distribuyen los fondos para que las capitales tengan más poder en la gestión del dinero comunitario. Para ello, la negociación debe ser diferente y establece que el nuevo presupuesto incluya un solo plan para cada país con reformas e inversiones clave diseñado en colaboración con los estados y autoridades locales. En estos planes entrarían los tradicionales fondos de cohesión y agrícolas. Habla de un presupuesto deje más libertad a la Comisión Europea y más protagonismo a los Estados, y sobre todo, sea más flexible para hacer frente a los retos imprevistos para adaptarse a las nuevas prioridades, no como ahora cuando la gran mayoría de los fondos ya están programados antes de que empiece.
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y el de Economía, Valdis Dombrovskis, presentan en Estrasburgo el programa del Ejecutivo comunitario para este 2025
“El próximo presupuesto de la UE a largo plazo –ha dicho el comisario de Presupuesto, Piotr Serafin– debe diseñarse en un esfuerzo colectivo. Me comprometo a realizar amplias consultas y quiero escuchar a los Estados miembros, los gobiernos regionales y locales, los ciudadanos y las partes interesadas para saber sus opiniones sobre el nuevo presupuesto europeo”.
El documento comunitario también refleja la voluntad de un presupuesto más simplificado, porque cree “el acceso a la financiación de la UE se ve obstaculizado por la complejidad existente”. Aunque el número de programas de gasto ya se ha reducido sigue habiendo más de 50 de ellos y los beneficiarios sufren dificultades para navegar “por la multiplicidad de normas y criterios”. Menos burocracia que ayude a gastar los fondos porque ahora, aunque se encuentra en la mitad del ciclo presupuestario de siete años, sólo se han empleado el 6,4% de los fondos regionales.
Mayores “recursos propios”
Bruselas propone aumentar los impuestos europeos para financiarlo
El nuevo enfoque que Bruselas presenta como revolucionario se centra en unos pocos ejes. El primero, este plan exclusivo para cada país con reformas e inversiones clave donde las capitales y las regiones tendrán mucho que decir. El segundo, un Fondo Europeo de Competitividad, siguiendo el guante lanzado por Draghi, que cifraba en 800.000 millones de euros las inversiones necesarias para que Europa pueda hablar de tú a tú con China y EE.UU. Aquí, sin embargo, la Comisión Europea no da una cifra, sino que solo apunta que debe apoyar “sectores estratégicos y tecnologías críticas para la competitividad de la UE, incluidas la investigación y la innovación, y proyectos importantes de interés común Europeo”. Conocer las inversiones planeadas será clave en este terreno que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha planteado como el eje de la legislatura europea que acaba de arrancar.
A la vez, Europa busca que el MFF incluya una “financiación renovada de la acción exterior que debería tener más impacto y estar más orientada y alineada con nuestros intereses estratégicos”, que subraye que los fondos estarán condicionados al respeto del Estado de Derecho como en la actualidad o que se busquen “recursos propios” para financiarlo, lo que vendría a ser impuestos europeos que se dediquen directamente al presupuesto común. Por ejemplo, serían recursos propios las multas impuestas por Bruselas a las empresas que no cumplen las normas de competencia, partes del IVA o el impuesto a los plásticos de un solo uso vigente desde el 2021.
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España ha querido adelantarse a este debate proponiendo que el próximo presupuesto europeo sea mucho mayor, de al menos un 2% del PIB anual comunitario, el doble que suelen representar tradicionalmente las cuentas europeas equivalentes al 1% del PIB. Aunque el plan de la Comisión no habla de estas cifras, sí está en consonancia con la ambición de Pedro Sánchez de que las cuentas crezcan considerablemente. Moncloa se movió con un documento de intenciones políticas donde recordaba que el contexto geopolítico mundial, con las amenazas globales a las que tiene que hacer frente la UE en materia defensiva y de seguridad o la intensificación de la competencia mundial y la disrupción tecnológica que están llevando a la UE a tener que buscar la manera de poder aumentar la competitividad de sus empresas justifican estas partidas.
El problema, como suele suceder, es encontrar la forma de financiar estos aumentos. Madrid ha puesto sobre la mesa la emisión de deuda conjunta, algo muy difícil de aceptar por los socios más frugales. Ahora la Comisión habla de estos impuestos o recursos propios, o, si no se logra, como pide Von der Leyen, que los Estados aumenten sus contribuciones, que suponen la primera forma de financiación del presupuesto comunitario. Esta va a ser la negociación más complicada, dado que para que salga adelante todos los Veintisiete países de la UE tienen que dar el visto bueno. Mucho estará en juego en las próximas elecciones alemanas, un país que de momento bajo la guía socialdemócrata se sigue oponiendo radicalmente a emitir más deuda conjunta.
