La perseguida reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales frente a las 40 actuales ya ha dado el primer paso para su aprobación, aunque le espera una durísima tramitación parlamentaria para llegar a ser efectiva. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer al anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, la medida estrella del Ministerio de Trabajo, que estaba en los pactos del Gobierno de coalición y que ha tardado 11 meses en obtener el beneplácito de los sindicatos y de los socios de Gobierno. Lo que no ha sido posible ha sido sumar el apoyo de las organizaciones empresariales, que, lideradas por la CEOE, han manifestado su desacuerdo.
La reducción de la jornada afectará, según los cálculos de Trabajo, a 12,55 millones de empleados. De estos, 2,2 millones de trabajadores están en Catalunya, la comunidad autónoma más afectada, seguida de Madrid y Andalucía, donde la reducción impactará a 2 millones de asalariados.
Catalunya es la más afectada en términos de volumen pero no en porcentaje de trabajadores. Los cálculos de Trabajo detallan que esta medida afectará a “las personas trabajadoras no cubiertas por convenios colectivos que pueden actualmente verse sometidas a una jornada laboral similar a la de los últimos más de cuarenta años”. En este sentido, el 20% de los asalariados catalanes ya tienen pactada por convenio una jornada de 37,5 horas o inferior, solo por debajo del País Vasco (con el 52% por debajo de las 37 horas) y Navarra (con un 40%). Del otro lado, la reforma afectará a más del 90% de los empleados en comunidades como Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha o Baleares.
Los sectores más afectados, porque es donde menos convenios de este tipo tienen, son la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios.
La medida sale tras haber superado las diferencias que mantenían los ministerios de Trabajo y de Economía sobre su aplicación. Los responsables de ambas carteras, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, han coincidido ayer con la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa donde han explicado que las diferencias se han solucionado “con amor, con síntesis, con política y cumpliendo los acuerdos de Gobierno”, ha dicho Díaz.
La medida se aprueba tal y como se pactó con los sindicatos UGT y CCOO
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“Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España”, ha celebrado aunque el texto, consensuado con los sindicatos CCOO y UGT y al que se oponen las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, tiene por delante una larga tramitación parlamentaria en donde el Gobierno no tiene aún todos los apoyos para ser aprobado.
“Han transcurrido más de 41 años en los no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa”, ha subrayado Díaz. La vicepresidenta segunda ha resaltado que “el trabajo es un medio, no una mercancía” y que las personas “no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir”.
Díaz ha asegurado además que esta medida es una de las grandes transformaciones del mercado laboral propiciada por el Gobierno, junto a la reforma laboral y la subida del salario mínimo, y contribuye a “modernizar España”, reducir el absentismo, mejorar la productividad y aumentar la igualdad. “Es una medida que socializa los beneficios”, ha afirmado.
El registro horario es “la medida más importante”, según Díaz
Para la vicepresidenta, lo más importante de este anteproyecto es la reformulación del control horario, que ha definido como la medida “estrella” de esta norma. “El registro horario va a ser modificado, va a ser propio del siglo XXI, va a ser digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera va a hacer”, ha explicado la ministra.
Al mismo tiempo, ha resaltado que el anteproyecto para la rebaja de jornada incluye el derecho irrenunciable a a la desconexión digital. “Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando estén fuera de su jornada laboral”, ha apuntado.
Una vez aprobado, este anteproyecto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá en torno a finales de febrero. Después, cerca de principios de marzo, entrará ya en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.
El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió ayer a reiterar, en un desayuno con medios al que también asistió Díaz, que esta medida tendría que formar parte del diálogo social y no del “monólogo social”. Insistió en que tendrá un coste de 23.500 millones de euros para las empresas y generará problemas de organización del trabajo. “Lo que va a pasar es que no se va a contratar más gente, se reducirán horarios y se subirán precios”, afirmó.
Garamendi recalcó que trasladará todos estos argumentos a los grupos parlamentarios cuando se inicie la tramitación de la norma en el Congreso, previsiblemente a finales de mes. El texto debe emprender ahora una dura negociación parlamentaria en la que el Gobierno no tiene todos los apoyos (“no somos ingenuos” al respecto, dijo ayer la ministra portavoz, Pilar Alegría) y su aprobación se complica. El PNV no ha mostrado sus cartas, Vox se opone frontalmente y PP y Junts se expresan de forma crítica aunque no han clarificado su postura. En concreto, Junts avisó el lunes al Gobierno de que no puede garantizar su apoyo y la vicepresidenta lanzó ayer guiños claros a la formación, afirmando que quiere encontrarse con los representantes de los partidos catalanes. Igualmente, la ministra reconoció la especificidad del tejido productivo catalán, con una presencia superior a la media española de pymes, las más afectadas.
A preguntas de si lograrán los apoyos de Junts para sacar adelante la norma, Díaz ha recordado que Catalunya es una de las regiones más beneficiadas por la medida, donde el 30% de los convenios que se firman ya están por debajo de las 37 horas. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha explicado, por su parte que “las negociaciones con Junts, como los del resto de partidos, son constantes y complejas. Llevamos ese diálogo y esa negociación de forma discreta”
Foment del Treball reiteró su rechazo a la reducción de la jornada laboral mediante una ley y pidió que se deje en manos de la negociación colectiva. La patronal catalana recordó que numerosos convenios colectivos ya han establecido jornadas inferiores a las 40 horas, en la línea de lo defendido por la CEOE. Por su parte, Pimec reclamó también que la medida se vehicule a través de la negociación colectiva y con la participación de las pymes.
