Josep Oliu, el presidente del Sabadell, se planteó el retorno a Catalunya de la sede del banco desde el mismo momento en que Carlos Torres, el presidente del BBVA, presentó la oferta de compra (opa) hostil, el 10 de mayo del año pasado. Y así lo comunicó a algunos líderes políticos y empresariales. En aquellos momentos la burguesía catalana trabajaba afanosamente para cuajar un frente conservador o burgués, con Junts y el PNV, para contrarrestar la influencia de la izquierda en el Gobierno de Pedro Sánchez, primero, y confluir con la derecha del PP en la determinación de elementos relevantes de la política económica. Días antes, en el Congreso, los decisivos votos de los diputados de Carles Puigdemont y de los de Andoni Ortuzar tumbaron o dieron luz verde a varias iniciativas parlamentarias con el concurso de los de Alberto Núñez Feijóo.
Y tras esas coincidencias estaba el plan urdido por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, en nombre de la élite del empresariado y la banca de Catalunya. Entre ellos, el propio Oliu, que se implicó directamente tras el amago, en enero, de los independentistas de Junts de imponer, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, un decreto que sancionara a las empresas que habían cambiado sus sedes tras la crisis de octubre del 2017 y no la devolvieran voluntariamente a Catalunya. Idea que provocó un duro choque entre Sánchez Llibre y Junts.
Oliu decidió que trasladaría la sede cuando el BBVA presentó la opa hostil, en mayo pasado
En el contexto de los esfuerzos para convencer a los independentistas de que esa propuesta era un error, el banquero trenzó relaciones directas con dos dirigentes de Junts, su secretario general, Jordi Turull, y el jefe de su grupo de diputados en el Parlament, Albert Batet, que mejoraron notablemente cuando aquel les explicó, justo con ese objetivo, que para frenar la opa hostil se produciría el retorno a Sabadell.
En aquel momento, aún no se había investido a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, algo que sucedió a principios de agosto. En diciembre, Oliu informó al nuevo responsable del Govern y a los de Junts de que el movimiento se produciría, pero, en aquel momento, aún pensaba que sería posible aguantar hasta bien entrado febrero, al anunciar la convocatoria de la junta de accionistas.
Entonces se lo dijo a Junts, que quería sancionar a las empresas que habían marchado y no habían vuelto
¿Cuál fue la causa que aceleró los planes? Por un lado, la esperada resolución de la Comisión Naciona de los Mercados y la Competencia (CNMC) estaba ya más próxima. Por otra parte, en las últimas semanas se había extendido el pesimismo entre los defensores de la continuidad independiente del banco vallesano y tal vez hacía falta un revulsivo.
También se habían expandido los rumores de que Torres, el presidente del BBVA, habría ablandado la oposición del Gobierno a la opa a cambio del sí del banco de origen vasco al precipitado relevo de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra en la presidencia de Telefónica. La realidad es que Torres supo del cambio casi al mismo tiempo que el propio afectado; pero los hechos nunca desalientan a los fabricantes de rumores.
Ahora, el retorno relámpago de la sede del banco coagula la convergencia de intereses de los opuestos a la opa hostil sobre el Sabadell: Generalitat, Gobierno, Junts, organizaciones empresariales catalanas y valencianas y más en general la opinión pública. El banco catalán reconoce la gestión de Illa –“ya no se dan las circunstancias que motivaron su traslado” a Alicante–, se reconcilia con el partido de Puigdemont, que había considerado una traición el traslado inicial y favorece su progreso de mutación hacia un partido que represente los intereses de la burguesía catalana. Y se arropa en torno al tejido de empresas pequeñas y medias, accionistas relevantes del banco.
Antes de Navidad, el banquero anunció el cambio a Illa, el Gobierno y Junts, pero para más adelante
El mundo empresarial ha apoyado la decisión sin fisuras. Al tiempo que el responsable de Foment, Sánchez Llibre, aplaudía la decisión ante la prensa a las puertas de la sede madrileña de la CEOE, el presidente de esta, Antonio Garamendi, hacía lo propio en la junta de la organización, con los representantes valencianos presentes. Una reacción sincronizada.
Las respuestas políticas en Catalunya han sido de respaldo general. Ratificando la reconciliación con Junts tras el retorno, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, ha bendecido al Sabadell “como el banco de las pymes catalanas”.
El Gobierno puede apelar al “interés general” más allá de la competencia para imponer condiciones
El hecho más relevante, tras el anuncio, las palabras del presidente Sánchez, que sigue dando argumentos de calado para que su Gobierno mantenga el rechazo cerrado no solo a la absorción del banco catalán, sino también a la opa previa. Y no únicamente referidos al ámbito de la competencia y el mercado, sino también al de la “cohesión territorial y social”. Una puerta abierta a frenar la operación incluso antes de que llegue a la bolsa. Apelando al “interés general” que recoge la misma ley de la competencia, en la que se regulan este tipo de concentraciones y que reconoce como una competencia gubernamental, podría imponer exigencias inasumibles por el opante.
El reparto del poder financiero en diferentes comunidades, la defensa de las pymes, la recuperación de la afección de sectores sociales sensibles a la pérdida de posiciones económicas en favor siempre de una capital que parece no tener límites ni mesura, serían argumentos que el Consejo de Ministros podría poner sobre la mesa cuando deba resolver.
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Opción que, de momento, en los pasillos del poder se considera ya la hipótesis más probable, justo cuando el Gobierno reciba el expediente de la CNMC. Esta ya impondrá exigencias, pero las que añada el Consejo de Ministros podrían ser la puntilla para la operación. La opa moriría antes de nacer.
