Si ha habido algún momento en los últimos 16 años en los que fuera posible una reforma del modelo de financiación autonómica, ese día debería llegar en el 2025. El cambio de sistema vuelve a estar liderado desde Catalunya después de años en los que se orilló a la espera de una independencia que nunca llegó. La negociación Generalitat-Estado, además, no arranca a “puerta fría” sino que parte de un brevísimo documento (el pacto de investidura del president Salvador Illa) asumido por los dos negociadores. Algunos de los que estuvieron en las mesa de debate del anterior pacto para la reforma del modelo de financiación en el 2009 son ahora optimistas con la ventana de oportunidad que se abre en los próximos meses.
Decir que el futuro de la legislatura en el gobierno de España y en el de Catalunya dependen de un nuevo modelo de financiación autonómica es quizás osado. Pero que un incumplimiento de lo pactado en el citado acuerdo de investidura de Illa dificultara la acción de los dos gobiernos es una realidad.
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El ex conseller d’Economia, Antoni Castells, es el último representante del Govern que lideró un acuerdo desde la Generalitat con el Estado. Fue entre el 2008 y el 2009. “Desde el año 1985, todos los cambios en la financiación autonómica han sido a iniciativa de Catalunya. En el 2009 hicimos una propuesta que era extensible a todas las comunidades autónomas. Ahora se negociará una financiación singular”.
En la anterior ocasión, la negociación de la Generalitat partía del Estatut. Ahora, el punto de salida es el acuerdo de investidura donde incluso hay algunos puntos que fueron introducidos a propuesta del PSOE-PSC como el IVA de las pymes o el impuesto turístico. Fuentes de los negociadores explican que los pusieron encima de la mesa los socialistas y no los representantes de ERC.
La negociación bilateral parte de un documento compartido entre las dos partes
La parte que más dificultades puede conllevar el acuerdo es el del encaje posterior del modelo singular con el del resto de comunidades autónomas. La reticencias son transversales en casi todas las regiones. Pero eso será otra historia ya que la financiación singular se tratará de una negociación bilateral Estado-Generalitat.
Aparte de las cautelas de las de otras comunidades, lo que también puede truncar el pacto son cuestiones que van más allá de la negociación estrictamente de la financiación como, por ejemplo, el problema laboral de las plantillas de la Agencia Tributaria española si debe integrarse en la catalana. La oposición de los profesionales es total.
Es en casos como este donde aflora el pragmatismo que defienden algunos expertos y que planeó durante un coloquio sobre financiación en el Col.legi d’Economistas hace un par de semanas. El catedrático de la UPF, Guillem López-Casasnovas, defiende que se puede dar la gestión de la recaudación a la Generalitat pero que esta, mediante una encomienda de gestión, se la encargue a la Agencia Tributaria española como sucede hasta ahora. “Todo lo que se pide no se puede conseguir”, resume López-Casasanovas. “Hay que ser pragmático”.
El experto en financiación autonómica sostiene también que si se consigue la cesión completa del IRPF ya será un gran avance. El resto de impuestos –especialmente el IVA y el de Sociedades– serán más complicados de conseguir. Por eso apuesta por centrar las negociaciones en lo que es más factible.
Tras años en los que la Generalitat defendía sólo la independencia, ahora regresa el debate de la financiación
En esa misma línea, los expertos creen que es una mala estrategia criticar el modelo vasco y el navarro que se basan en un cupo anual sin cuota de solidaridad. En un debate, Miquel Puig, ex secretario general de Afers Econòmics de la Generalitat, aseguró que es imprescindible el apoyo de los partidos del País Vasco y Navara (PNV y Bildu) para poder aprobar el nuevo sistema en el Congreso.
El gran elemento que queda pendiente es poner una cifra a lo que representará el pacto. Los economistas rechazan aventurarse con números y afirman que lo importante es cambiar la filosofía del modelo: que sea la Generalitat la que se quede con los impuestos (o una parte de ellos) y que entregue al Estado una cantidad en concepto de pago de servicios y de solidaridad con el resto de territorios. En relación con la solidaridad, la ex consellera d’Economia Natàlia Mas situó la cifra entre el 2 y el 4% del PIB de Catalunya (4.900-9.800 millones). Y el pago de los servicios de la Generalitat al Estado si se utiliza como referencia el cupo vasco debería ser de alrededor del 9% de los ingresos: unos 4.600 millones.
La cifra definitiva debe llegar ahora o nunca.
600 millones con el IVA pymes
Hasta que llegue el nuevo acuerdo de financiación, el Govern podría ingresar unos 600 millones de euros más al año activando sólo la parte del acuerdo de investidura que hace referencia al IVA de las pymes. Ese compromiso –explican fuentes de los negociadores– no fue una petición de ERC sino que lo trajo a la mesa de negociación el PSOE. La idea es que se aplique de manera similar a como se hace ya en el País Vasco. El pacto prevé que la “atribución de la recaudación del IVA de las pymes sea en función de su domicilio en lugar de la estadística de consumo”. En el caso de Catalunya, la estimación es que se consume el 19,75% de todo el Estado. Por lo tanto le correspondería ese mismo porcentaje de la recaudación por IVA. Ahora bien si lo que se tiene en cuenta es el IVA generado por las citadas empresas pequeñas y medianas con domicilio social en la comunidad autónoma, el porcentaje crece en 5 puntos ya que representa alrededor de una cuarta parte de todo el IVA de las pymes que se recauda en España. Con ese cálculo, Catalunya recibiría 589,1 millones de euros de más.
