El Ministerio de Trabajo aprobó este jueves un nuevo permiso por riesgo climático, remunerado y de hasta cuatro días de duración. La medida, inédita en España e inspirada en la legislación de Canadá, entra este viernes en vigor, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del tercer decreto de ayudas por la DANA, aunque tendrá que convalidarse en diciembre en el Congreso de los Diputados
El permiso por riesgo climático permitirá a los trabajadores ausentarse por imposibilidad de acudir a su centro de trabajo. El objetivo es evitar desplazamientos ante fenómenos que puedan poner en riesgo vidas, cuando una administración lo advierta a través, por ejemplo, de una alerta de Protección Civil. El permiso, además, será prorrogable hasta que desaparezcan las circunstancias que han provocado el desastre natural. En caso de que dicha imposibilidad de desplazarse se mantenga en el tiempo, las empresas podrían justificar aplicar un ERTE por fuerza mayor pasados los cuatro días iniciales del permiso.
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El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, no criticó este nuevo permiso, pero sí afirmó que no está de acuerdo con quién tiene que asumirlo. “Vamos a cuestionar quién lo paga o quién lo va a pagar”, afirmó el también vicepresidente de la CEOE. “Cada semana estamos viendo que hay un nuevo coste, una nueva carga, un nuevo trámite que, desde luego, está castigando cada vez más a los autónomos y a las pequeñas empresas”.
El decreto aprobado también contempla el derecho de los trabajadores a ser informados por la empresa de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes. También se negociarán protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos laborales frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos en la negociación colectiva, cuestión que será obligatoria en todos los convenios.
El decreto contempla que en el plazo de un año se apruebe un reglamento sobre protección de trabajadores frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral. Es decir, las empresas tendrán un plazo de doce meses para elaborar protocolos específicos de actuación en las empresas para fijar la actuación en caso de catástrofe, ha explicado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una entrevista en TVE.
