Fue una buena señal la inclusión en el pacto entre Junts y el PSOE de la voluntad de favorecer el retorno del domicilio social de las sociedades que lo trasladaron como consecuencia de proceso independentista de 2017. La situación de los miles de empresas que, teniendo su sede de dirección efectiva y principal centro de actividades en Catalunya, mantienen su domicilio social en otras partes del territorio español es indeseable y su reversión debe ser una de las prioridades de la política empresarial. Pero pretender hacerlo a base de sanciones como planteó Junts la semana pasada es un grave error. Y el error no hace sino reflejar la contradicción interna del grupo que lo promueve entre pragmatismo y relato mítico.
Según algunos, el traslado de los domicilios fue promovido desde Madrid para acorralar al gobierno de la Generalitat en su intento secesionista. Incluso siguen corriendo teorías conspirativas que implican al propio Rey haciendo llamadas para incentivarlo. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la única medida que se adoptó al respecto fue el real decreto ley 15/2017, de 6 de octubre, el cual posibilitó que, aun sin previsión estatutaria, el consejo de administración pudiera acordar el cambio de domicilio a otro lugar del territorio español sin convocar la junta general de accionistas. Eso lo necesitaba CaixaBank para paralizar la retirada de depósitos que estaba sangrando su solvencia, pues de acuerdo con sus estatutos y la legislación entonces vigente debía reunirse la junta para acordar el traslado y eso en una sociedad cotizada requiere tiempo y preparación.
La solución está en restituir la seguridad jurídica y ello requiere un gran pacto
Fue la tremenda inseguridad jurídica provocada por la actuación unilateral de la Generalitat la que provocó ese pavor en los depositantes. A partir de allí se produjo un movimiento poco racional, como lo son todos los pánicos empresariales, que condujo al traslado de miles de domicilios sociales. La inmensa mayoría no necesitaban el cambio normativo, pues tratándose de sociedades con un número reducido de socios, podían fácilmente reunir la junta de modo universal. Culpar al decreto en cuestión o a las políticas de Madrid del efecto producido es, por tanto, un grave error de diagnóstico que solo el sectarismo explica.
Una estampa de una Diada en Barcelona
No es en la ley de Sociedades de Capital ni en la legislación administrativa donde debemos buscar la fórmula para el retorno. Es más, una política sancionadora podría dar lugar al efecto contrario de consolidar los movimientos con traslados efectivos de la dirección o de centros de producción que harían la situación totalmente irreversible. La solución por el contrario está en restituir la seguridad jurídica que los empresarios anhelan y ello requiere un gran pacto entre los partidos políticos catalanes, en el que necesariamente deben entrar Junts y ERC, garantizando que en ningún caso se producirá una ruptura unilateral de la legalidad vigente. Si para aceptar esto Junts pide revertir el real decreto ley como elemento icónico para salvar su relato, no veo ningún inconveniente, pero no va a tener ningún efecto. La clave para lograr el retorno radica en volver a proporcionar un marco jurídico seguro y previsible para las empresas.