En esta tercera fase de gobierno de Pedro Sánchez las patronales han experimentado un amargo desencuentro con el resto de agentes sociales durante la negociación del aumento de las cotizaciones de la Seguridad Social, necesarias para ir amortiguando el impacto de la incorporación de la generación del baby boom de los 60 al colectivo de pensionistas.
No es para menos. En primer lugar, un 0,6% de aumentos de costes laborales, de los cuales un 85% va a tener que ser asumido por las empresas y un 15% por los trabajadores. El problema no es solo que las empresas han de cargar sobre sus hombros el grueso de las aportaciones adicionales a la Seguridad Social. El problema no es solo el cuánto, sino el cómo.
Pensiones
En la mayoría de los países de Europa, en la misma tesitura que España, los aumentos de cotización atañen a todas las partes
En la mayoría de los países de Europa, que se encuentran en la misma tesitura que España, los aumentos de cotización exigidos a las empresas se están vinculando de una u otra forma a determinados resortes, incentivos o condiciones que atañen a todas las partes.
Por ejemplo, en el Reino Unido, las cantidades adicionales aportadas por las empresas al sistema de pensiones solo podrán ser disfrutadas por los trabajadores si éstos, a su vez, realizan algún tipo de aportación adicional e individual a un plan de pensiones de carácter privado. En caso contrario, no disfrutarán de estos aumentos de cotización empresariales. El objetivo no es otro que despertar la conciencia de ahorro entre la población. Además, en caso de que el trabajador realice sus aportaciones, por pequeñas que sean, el Gobierno británico las complementa a su vez con sus propias aportaciones adicionales, que el trabajador podrá disfrutar una vez jubilado.
En el caso de Austria, se han vinculado las aportaciones para eventuales despidos, la denominada mochila austríaca, a la cantidad que los trabajadores recibirán cuando lleguen a su jubilación. Como se sabe, la mochila austríaca, al acumular cada mes una eventual indemnización por despido, ha terminado con los contratos temporales, próxima estación de desencuentro en españa entre Gobierno y patronal. Llegada la edad de jubilación las cuantías no dispuestas para eventuales despidos van directas a la pensión de jubilación.
Había y hay múltiples formas de articular incentivos para todas las partes. En su lugar, el Gobierno ha tirado por la calle de en medio y ha aumentado en un 0,5% los costes laborales de todas las empresas del país sin más. Y no se han incluido elementos que permiten abordar otras cuestiones candentes del sistema laboral o de la propensión al ahorro.
Una lástima.