En medio de unas previsiones desoladoras y sufriendo la segunda ola de la pandemia, España se aferra al salvavidas que la UE ha lanzado a los países más afectados por el tsunami del coronavirus. Urge poner las bases para salir cuanto antes de la crisis. No lo ocultó hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presentó la hoja de ruta para canalizar del 2021 al 2023 72.000 de los 140.000 millones en transferencias y préstamos para los próximos seis años, puestos sobre la mesa por Bruselas. Las guías del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, indiscutiblemente generales, ya están fijadas, pero falta mucho por hacer para aprovechar los fondos del Next Generation EU, resaltan los expertos consultados: entrar al detalle de las políticas a aplicar, atraer inversión privada, lograr una coordinación territorial, fijar criterios de selección de los programas, licitarlos, ejecutarlos, rendir cuentas...
La oportunidad y las cifras son tan potentes –el plan europeo ofrece más del 10% de la riqueza generada por España en todo el 2019– como la complejidad del reto, por lo que los especialistas reclaman prudencia en una valoración inicial. “Salvo las medidas vinculadas a la transición ecológica, se echa mucho en falta detalles y concreciones sobre el resto de políticas”, se queja María Jesús Fernández, economista sénior de Funcas. En la misma línea, la nueva entrega del informe sobre la Covid de Fedea considera que el Plan de Recuperación “se mantiene en un plano muy general” y llama a avanzar en la “elección de prioridades” concretas.
Parte de las principales dudas tienen que ver también con la capacidad de la Administración para movilizar un caudal tan importante de fondos, a través de un elevado número de proyectos por poner en marcha. Sobre todo, cuando la experiencia en el pasado ha dejado bastante que desear: en el periodo presupuestario europeo 2014-2020, España apenas ha gastado uno de cada tres euros asignados, uno de los porcentajes más bajos en la UE, solo superado por Grecia y Eslovaquia, recuerda el think tank.
Faltan detalles y más concreción sobre las políticas anunciadas por el Gobierno
El calendario para estos tres años también está en cuestión. El responsable de análisis económico de BBVA Resear ch, Rafael Doménech, destaca el retraso que acumula ya la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 (incluye los primeros 27.400 millones de los fondos europeos), lo que “complica mucho” el proceso de licitación y ejecución de los proyectos. Por no hablar del cambio normativo ya anunciado por el Gobierno para eliminar “cuellos de botella” en la Administración que ralentizan la tramitación y gestión de programas.
Además, el informe de Fedea califica de “preocupante” la ausencia de referencias explícitas a mecanismos y criterios de evaluación y selección de proyectos. “Aunque habrá que actuar con premura, sería necesario contar con un filtro, idealmente independiente, que garantice que los proyectos seleccionados cumplen unos estándares mínimos, lo que también facilitará sin duda su aprobación por las instituciones europeas”, defienden. A Fernández tampoco le convence la estructura de gobernanza presentada por el Gobierno, con una comisión presidida por el propio Pedro Sánchez. La analista de Funcas apuesta por mesas de carácter técnico, sobre todo para la asignación de ayudas a empresas, innovación o impulso de start-ups.
El retraso de las cuentas del 2021 complican la celeridad en la ejecución de proyectos
En cuanto a las previsiones de mejora del PIB y el empleo, María Jesús Fernández rebaja las expectativas del Gobierno, y apuesta por un avance marcado más “por el aumento de la demanda que de la capacidad productiva a largo plazo”. “Frente a los 800.000 puestos de trabajo adicionales en tres años, Funcas estima unos 300.000”, concluye. Y el responsable del BBVA ve probable que buena parte del impacto previsto en el 2021 se quedará finalmente para el 2022. Para Doménech, la estimación de aportación anual de más de 2 puntos al PIB es “más bien aspiracional”.
Se abre el debate también sobre cómo lograr efectos que no desaparezcan en cuanto se acaben las ayudas. “Llevamos muchas décadas recibiendo fondos estructurales de Europa y no hemos logrado reducir la brecha de productividad ni la tasa de empleo estructural… Por el hecho de que se concentren las ayudas no quiere decir que lo vayamos a conseguir ahora, si no vienen acompañadas de reformas que afronten problemas identificados desde hace tiempo”, advierte Doménech.