Condenado a ocho años de cárcel el expresidente de Pescanova por estafa y falsedad

Algunas veces, manipular las cuentas con ánimos torticeros se paga. La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa a ocho años de prisión por falsedad documental, estafa, falseamiento de cuentas anuales y de información económica y financiera y alzamiento de bienes. La sentencia condena también al auditor BDO, que junto con Fernández de Sousa y otros exdirectivos y sociedades deberán pagar indemnizaciones por 160 millones de euros.

La Audiencia ha absuelto a 7 de los 19 acusados y han condenado a los 12 restantes. Al margen del expresidente, se imponen tres años y medio de cárcel a los exdirectivos Antonio Taboas, Alfredo López Uroz, Joaquín Viña, Ángel González y Carlos Turci; dos años a José Manuel Gil y Alfonso García; un año a Alfonso Paz-Andrade; y seis meses a Manuel López. La mujer de Sousa, María Rosario Andrade, recibe una pena de un año de prisión, mientras que los dos hijos del matrimonio imputados han sido absueltos. El auditor de BDO para Pescanova, Santiago Sañé, ha sido condenado a tres años y medio de cárcel por el falseamiento de las cuentas anuales y de la información económica y financiera.

El fallo fija una indemnización a los accionistas de la empresa de 51 millones para Luxempart; de 40 millones para Damm; de 23 millones para Silicon Metal, y de 6,6 millones para Disa (controlada por la familia Carceller), entre otros. De estos pagos serán responsables los condenados y las sociedades Pescanova y BDO Auditores, de acuerdo con los magistrados, que recuerdan que en el caso de este último se hará cargo también Mapfre “hasta el límite de las cantidades aseguradas”.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, por la crisis financiera de 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova, planeó junto con un grupo de personas de su confianza –entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero– seguir obteniendo financiación a través de mecanismos y prácticas irregulares para seguir obteniendo financiación bancaria.

Obtenida esa financiación se realizaron otras manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”. Entre otros mecanismos, se constituyeron empresas ficticias que simularon operaciones de compraventa de pescado que permitieron contratar pólizas y líneas de créditos.

Conseguida la financiación, se trasladaron a las cuentas reflejando una situación no real. Asimismo, el expresidente y su esposa, Rosario Andrade, retiraron 4,5 millones de euros de cuentas de la sociedad e ingresaron el dinero en una entidad portuguesa tras conocerse que las cuentas no reflejaban la realidad de la empresa.

Los jueces consideran probado que el expresidente de Pescanova y un núcleo de confianza idearon a partir del 2008 una serie de mecanismos irregulares para seguir consiguiendo financiación bancaria, tras lo que manipularon las cuentas para que los resultados no reflejaran la delicada situación de la empresa. Entre las prácticas irregulares, la sentencia cita la puesta en marcha de operaciones de comercio internacional a través de filiales y la creación de sociedades ficticias para simular operaciones de compraventa, un hecho este último “del que tenía conocimiento el auditor interno” y que sirvió para ocultar el pasivo bancario.