La extensión de los ERTE centra la negociación laboral de septiembre

“Los ERTE estarán ahí siempre que sean necesarios. No nos gusta hablar de plazos”. Así de contundentes se muestran desde el Ministerio de Trabajo cuando hablan de los expedientes de regulación temporal de empleo, la que está siendo una herramienta imprescindible para contener la sangría de despidos a la que la crisis de la Covid-19 habría abocado al mercado laboral español.

Este cambio de postura respecto a la posición mostrada antes del verano podría hacer pensar que la mesa del diálogo social extraordinaria, a la que están convocados sindicatos y empresarios el próximo 4 de septiembre en Palma, debería ser el marco perfecto para sellar un acuerdo en el que todas las partes parecen coincidir. Pero si alguien en algún momento pudo llegar a barajar esa utopía, por aquello de que Baleares es la comunidad con más peso del sector turístico y este el que más reclama y necesita esa ampliación, ya se encargó el jueves Yolanda Díaz de enfriar expectivas. “No habrá acuerdo el 4 de septiembre”, aseguró en una entrevista.

Por sectores o genérico

Aplicar la ampliación a sectores concretos o a todas las empresas, el escollo más arduo

Todo apunta a que pese a que Gobierno, empresarios y sindicatos coinciden en que ampliar los ERTE es básico para evitar un desastre social, costará buena parte del mes de septiembre limar los detalles para conseguirlo. “Esto ya no va de fechas. Hay que ligar esa ampliación a la condiciones sociales y económicas derivadas de la pandemia e incluso para después de esta emergencia. Se trata de apuntalar las actuales condiciones ventajosas para empresas y empleados que han permitido que funcione hasta ahora”, asegura Unai Sordo, secretario general de CC.OO.

La primera de esas condiciones que los sindicatos van a poner en la mesa de negociación es que la cuantía del subsidio que perciben los trabajadores incluidos en un ERTE se mantenga en el 70% de su sueldo y no se reduzca al 50% una vez pasados seis meses, como obliga la legislación actual. “Esto es una rémora de la reforma laboral que hizo el PP en el 2013 y debería desaparecer tanto para los actuales afectados por ERTE como para todos los trabajadores que están en desempleo”, reclama Sordo.

Pero todo apunta a que lo que se refiere a trabajadores en general y aspectos que afectan a los puntos más lesivos de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy (ultractividad, prevalencia de los convenios de empresa, externalizaciones...), aunque siguen en la cartera de Gobierno y sindicatos, tendrá que esperar. “Son temas a los que no vamos a renunciar y esperamos que se aborden a lo largo del otoño, pero todavía ni se han convocado las mesas de trabajo claves para hacerlo”, apuntan desde UGT.

Para siempre

Unai Sordo, de CC.OO., pide una regulación atemporal no ligada solo a la pandemia

Ahora lo urgente manda. Y los esfuerzos en el mes de septiembre se centrarán en desenmarañar los escollos que rodean la ampliación de los ERTE, sobre todo la intención del Gobierno de acotarlos a los sectores más afectados por la crisis. Es cierto que de los 700.000 trabajadores que todavía están en ERTE de los más de 3,4 millones que han pasado por esta situación, la mayoría pertenecen al sector turístico o colindantes. Y por eso son esos sectores los que reclaman ampliar la medida, al menos hasta la Semana Santa del 2021. “Es una fórmula que nos parece problemática porque dificulta discernir qué empresa lo necesita y cuál no. Por ejemplo, un supermercado de Baleares puede no ser turismo y estar más afectado por la crisis que una casa rural en Asturias”, plantea Unai Sordo.

Otras fuentes de la negociación colectiva prefieren quitar hierro a esa diferenciación. “Las empresas de otros sectores pueden recurrir a los ERTE por rebrotes en caso de que su situación económica se vea afectada por la pandemia”, explican. Aunque las condiciones de estos son mucho menos atractivas para los empresarios, que tienen que asumir más costes.

Prisas

Los agentes sociales coinciden en la urgente necesidad de regular el teletrabajo

En cualquier caso, una de las frases que repiten todas las partes es: “Todo es negociable”. En eso se irá buena parte de septiembre.

Más urgencia, en cambio, tienen todos los protagonistas del diálogo social en aprobar cuestiones, como la regulación del teletrabajo o una nueva regulación de los subsidios para aquellos trabajadores que, en pleno confinamiento, agotaron las prestación por desempleo y no han tenido la opción de buscar otro trabajo por las circunstancias del mercado. Desde el Ministerio de Trabajo apuntan como inminente la aprobación de ambas medidas. No lo tienen tan claro empresarios y sindicatos en lo que se refiere a la regulación del teletrabajo.

Reforma laboral

Sindicatos y Gobierno insisten en retomar la reforma laboral, aunque no es inminente

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, reconoció ayer en una entrevista radiofónica que “el último borrador del Gobierno tiene avances positivos”, aunque criticó que se haya excluido a los trabajadores de la administración pública. La mayor dificultad para avanzar parece estar en la propia definición de teletrabajo. “Está por ver que la CEOE acepte que se considere teletrabajo cuando se realiza en remoto el 20% de la jornada, como ha propuesto el Gobierno”, aseguran fuentes conocedoras de estas negociaciones. También llevará un tiempo ajustar los gastos que asume la empresa cuando el empleado teletrabaja.