El vía crucis de las empresas en Igualada

Fuera del hospital de Igualada, epicentro del brote de coronavirus que obligó a confinar a cuatro municipios de la Conca d’Òdena –su capital, Igualada, además de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena–, también se vive un vía crucis. Con el confinamiento, que arrancó el pasado viernes 13, empezó un auténtico quebradero de cabeza para las empresas de la zona. Se trata de un territorio muy industrial, con cerca de 16.000 trabajadores y 4.000 autónomos, severamente castigado por otras crisis.

Con el confinamiento, unas cuantas empresas se vieron obligadas a bajar la persiana ipso facto dado que su plantilla quedó fuera de la zona de cierre. Pronto llegaron los problemas de suministros. Inicialmente, el cierre a cal y canto sólo permitía el pase de alimentación y medicinas; la presión de los empresarios de la zona y la gestión de las autoridades permitió abrir dos accesos de extremo a extremo del perímetro confinado para la entrada y salida de mercancías. El presidente de la Unió Empresarial de l’Anoia, Joan Domènech, entiende que “con ello se han evitado muchos cierres, tanto de la zona confinada como de fuera”. Aun así, la amenaza de ERTE se mantiene sobre esta zona aislada.

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“Está claro que somos la zona más perjudicada”, destaca el presidente de la patronal de la Anoia

Funosa, empresa de Òdena dedicada a la fundición de hierro, ha abierto fuego presentando un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a 219 trabajadores. A nadie se le escapa que vendrán más; unas cuantas empresas se lo están planteando. Domènech es claro: “Las gestorías están colapsadas por peticiones de ERTE”, y reconoce que ante la difícil situación que vive la zona “es la mejor solución para las empresas y para los trabajadores, ya que son despidos temporales que obligan a las empresas a mantener al trabajador al menos seis meses después”.

El alcalde de Igualada, Marc Castells, ha pedido al Departament de Treball que aclare la situación laboral en que se encuentran las personas confinadas en la Conca d’Òdena, ya que los trabajadores infectados tienen asegurada la baja por incapacidad laboral temporal, no así los confinados, y afirma que el 80% de las llamadas y mensajes que están recibiendo los teléfonos de atención ciudadana van en este sentido. En términos similares se pronuncia Domènech: “Nos dicen que la gente confinada que no puede ir a su puesto de trabajo será tratada como una baja laboral, pero no hay ningún decreto ni documento que lo acredite y esto no puede seguir así”.

El sector también pide la retroactividad de las medidas aprobadas por el Gobierno para la Conca d’Òdena, confinada desde antes del anuncio del decreto ley. “Si no, estaremos en desventaja”, indica Castells. “Está claro que somos la zona más perjudicada”, remacha el presidente de los empresarios. Domènech quiere salir al paso de las acusaciones contra los empresarios de la zona por tener a sus trabajadores en activo. “El Estado no ha decretado el cierre de las empresas; si lo hace será la ruina, pero las empresas cumplirán; somos conscientes de lo que está pasando y la salud es lo primero”, concluye.