Si eliminamos los peajes, ¿quién paga las autopistas?

Desde que en 2018 se hizo público el primer compromiso del gobierno de liberar vías de pago, la rumorología en torno a esta cuestión ha sido un constante de filtraciones cruzadas fruto de la fuerte atención que despierta el tema, por obvios y diversos intereses a menudo divergentes, entre un amplio abanico de sectores: desde las constructoras y concesionarias de las vías –representadas por SEOPAN-, a las asociaciones de transportistas.

Hoy la red de vías rápidas del país suma ya más de 20.000 km y supone unos costos fijos de 11.000 millones de euros, dinero necesario para asegurar el correcto mantenimiento, y por ende funcionamiento, de estas infraestructuras. Un coste creciente que asume en parte la Red de Carreteras del Estado o las administraciones autonómicas competentes, con cargo a las arcas públicas; en parte las concesionarias, compañías constructoras de las vías; y en una parte nada desdeñable los propios ciudadanos, a través de sus impuestos y del pago de peajes.

Liberar las vías de pago implica, por lo tanto, dar con una alternativa al modelo actual que aporte el capital necesario para asegurar su correcto funcionamiento –aunque paralelamente también se baraja la posibilidad de articular un peaje por el uso de autovías-. Hacerlo a cargo del presupuesto público es, con el país sumido todavía en recortes a raíz de la crisis económica, una entelequia. Sea como fuere, la decisión es una patata caliente sobre la mesa del nuevo Gobierno tan buen punto se apruebe la nueva composición del legislativo; la anterior legislatura terminó antes de que hubiera tiempo de constituir la Comisión del Congreso que iba a abordar este tema.

Panorama actual

En 2018 los malos resultados de explotación de algunas carreteras gestionadas por concesionarias empujaron al Ejecutivo a rescatar nueve vías de alta velocidad, un total de 700 km. de carreteras que ahora gestiona el Ministerio de Fomento a través de Seitssa, la empresa pública. Las vías que fueron rescatadas son las cuatro radiales de Madrid, la M12 entre Madrid y el aeropuerto, la AP41 que enlaza la capital con Toledo, al AP36 de Ocaña a la Roda, los tramos de la AP7 que van de Cartagena a Vera y la carretera de circunvalación de Alicante.

Mientras que el gobierno del Partido Popular pretendía privatizar estas vías licitando su explotación de nuevo en dos lotes tal como anunció Íñigo de la Serna, su responsable en el Ministerio de Fomento, su sucesor, el ministro José Luis Abalos -quien llegó al cargo como miembro del gobierno socialista tras la moción de censura de 31 de mayo-1 de junio de 2018- optó por tomar medidas para revitalizar el tráfico en estas vías buscando su rentabilidad y manteniéndolas bajo control de la gestora pública. Así, desde el 15 de febrero de 2019 se aplicó una reducción de las tarifas de una media del 30% y se hizo gratuito su uso durante la noche, desde las 00 a las 6 h. lo que implicó un aumentó del tráfico en todas por encima del 10%, aunque la que más aumentó el número de vehículos circulantes lo hizo por encima del 25%.

Hoy la red de vías rápidas del país suma ya más de 20.000 km y supone unos costos fijos de 11.000 millones de euros

Otra de las medidas recientes se aplicará el próximo 1 de enero de 2020, cuando dos de las autopistas de la Red de Carreteras del Estado pasarán a ser de titularidad pública y gratuitas para los usuarios, en un paso poco habitual que ha venido dado por el vencimiento de las concesiones y su no renovación. Las liberalizadas serán dos vías, la AP4 que enlaza Sevilla y Cádiz, y el tramo de la AP7 que va de Tarragona a Alicante. Esta segunda cuenta con un recorrido de 450 km en una de las vías más rentables del Estado, que seguirá siendo de pago desde Tarragona hasta la frontera francesa. Antes de estas tan solo se había liberalizado la AP1 que va de Burgos a Armiñón.

Al tiempo que anunció esta liberalización, el Ministerio de Fomento también hizo pública la subida media que encarecerá las vías de peaje en 2020 en hasta un 0’84%, lo que supone el incremento más suave de los tres aplicados consecutivamente. En 2018 los peajes se incrementaron en una media del 1’91 % y en 2019 el incremento medio fue de 1’67%. Esta subida del precio afectará a los 1.270 km. de carreteras y es el resultado de la aplicación de una fórmula de revisión automática anual que el sector pactó con el Gobierno en 2002. La subida se calcula a partir de diversas variables, entre ellas el IPC medio de octubre a octubre del año siguiente ponderado en función de la evolución de los tráficos en las diversas vías. En consecuencia, la subida de precios se aplicará dado que 2019 cerrará siendo el sexto año consecutivo en que se registra crecimiento del tráfico –el pasado mes de septiembre contabilizaban una media de 21.012 usuarios al día, un 4,8% más que en 2018-.

España cuenta con 165.686 kilómetros de vías rápidas, de los cuales 26.393 km. (Red de Carreteras del Estado, RCE) están administradas por el Ministerio de Fomento y recogen el 52,1% del tráfico total y el 64,6% del tráfico pesado. 71.325 km. están gestionados por las Comunidades Autónomas y soportan el 42,6% del tráfico, y 69.968 km. por las Diputaciones (que suponen el 5,3 % del tráfico restante).