“El uso de tribunales y mecanismos legales para avanzar en la lucha contra el cambio climático ha aumentado significativamente en los últimos años, con un 7% de casos presentados desde la firma del Acuerdo de París en el 2015”. Así lo concluye Zero Carbon Analytics, un grupo internacional de investigación sobre el cambio climático, en un reciente informe sobre la creciente ola de litigios por daños climáticos.
El estudio de Zero Carbon Analytics ha visto la luz unos días antes de que el Alto Tribunal Regional de Hamm (Alemania) realice una ronda de audiencias en torno a la demanda pionera de un agricultor peruano ( Saúl Luciano Lliuya) contra la empresa energética alemana RWE por las emisiones de esta última, que han contribuido al derretimiento de un glaciar cercano que amenaza con inundar su comunidad.
Imagen de una playa valenciana tras la DANA del pasado mes de octubre
“El aumento del número de casos es una respuesta al mayor consumo, que conlleva un incremento de la producción y, por tanto, más conflictos. Y como el consumo no deja de crecer, los conflictos también irán en aumento”, se lamenta Marcelo Llavero, una de las personas responsables del Atlas de la Justicia Ambiental del ICTA-UAB.
Ana Barreira, abogada y directora fundadora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, atribuye el mayor número de casos a que “la ciudadanía ve que no se están tomando las medidas necesarias para frenar el cambio climático y empiezan a reclamar”. Barreira señala que este tipo de denuncias se dan más en el mundo anglosajón “porque la justicia se basa más en la jurisprudencia, no como en España y otros países que se rigen por el sistema continental, en el que prevalece lo que dictan las leyes”.
Dato
43 demandas en curso esperan obtener una compensación por los efectos del cambio climático
Actualmente, en el mundo hay 43 demandas en curso para obtener una compensación económica por los efectos del cambio climático, según el análisis realizado por Zero Carbon Analytics. Empresas del sector energético como ExxonMobil, Shell, Chevron, ConocoPhillips y BP se han enfrentado cada una a más de 20 casos (cada caso puede tener varios acusados, y algunas empresas de combustibles fósiles están siendo citadas en varios de ellos).
“Muchas veces las sentencias tardan mucho en llegar y cuando se dictan, tampoco cambian mucho las cosas”, reconoce la abogada. Barreira indica también que “hay litigios estratégicos, que simplemente se presentan para llamar la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía”.
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En España, a finales del año pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el primer litigio climático de la historia del país. El recurso, presentado el pasado mes de junio por las organizaciones E cologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays for Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, es un procedimiento contra el Estado por inacción ante el cambio climático. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene ahora que pronunciarse “sobre si la falta de ambición en materia de cambio climático afecta a los derechos fundamentales”, según un comunicado de las entidades demandantes.
Marcel Llavero recuerda que, hace menos de un año, un grupo de mujeres mayores suizas hizo historia al lograr que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenara al Gobierno de Suiza por inacción climática tras reconocer que violó los derechos humanos de las personas mayores al no adoptar medidas suficientes contra el cambio climático. A pesar de ello, el responsable del Atlas de la Justicia Ambiental no confía en que los movimientos ecologistas puedan lograr “grandes victorias” a largo plazo.
Energía y minería lideran los conflictos
El Atlas de Justicia Ambiental del ICTA-UAB es un mapa interactivo que identifica y sitúa los conflictos ecológico-distributivos existentes en todo el mundo. Desde su creación, hace 12 años, ha documentado 4.100 casos, el 19% de los cuales está provocado por los combustibles fósiles y la generación de energía, otro 19% por la extracción minera, y el 13% por la agroindustria,
la pesca y la explotación de bosques.