Un ciudadano medio que reside en Catalunya sigue soportando, otro año más, la mayor presión fiscal de España. En el lado contrario se sitúa Madrid, que vuelve a ser el territorio con las mayores ventajas impositivas de las comunidades autónomas de régimen común. La tributación lleva tiempo siendo un arma política de primera magnitud, pero, tras el periodo electoral del 2023, las diferencias fiscales entre contribuyentes han aumentado.
Los últimos datos de la Agencia Tributaria sobre recaudación de tributos descentralizados evidencian estas grandes diferencias. Catalunya es donde más se ingresa a través de los impuestos cedidos, con 4.650 millones en el 2022. De nuevo, fue la única del grupo de cabeza que no aplica bonificaciones o deducciones importantes que sí han puesto en marcha Andalucía, la Comunidad Valenciana o, especialmente, Madrid, que solo ingresó 2.631 millones en impuestos cedidos, pese a que es la autonomía con mayor renta.
Por tributos, Catalunya es la principal fuente de ingresos en el impuesto de patrimonio. De los 1.431 millones recaudados por esta tasa en el 2022, casi la mitad (690 millones) provinieron de contribuyentes catalanes, según concluye Hacienda. Los altos patrimonios madrileños apenas aportaron 1,5 millones debido a las bonificaciones autonómicas (la aprobación del impuesto a la solidaridad de grandes fortunas forzó al Gobierno madrileño a recuperar patrimonio, de forma que el próximo año espera ingresar 563 millones). Otro impuesto importante que las comunidades autónomas suben, bajan o eliminan con discrecionalidad es el de sucesiones y donaciones, y Catalunya vuelve a ser la comunidad que aportó la mayor parte de la recaudación en el 2022, con 900 millones. Le sigue Madrid, con 662 millones. Es decir, por el mismo hecho imponible un catalán pagaría una tarifa superior.
Lo mismo ocurre con el impuesto de transmisiones patrimoniales, que ingresó en Catalunya 2.110 millones en el mismo año, mientras que las bonificaciones en Madrid dejaron unos ingresos de 1.400 millones. E idéntica situación se produce con el impuesto de actos jurídicos documentados, que recaudó en las arcas catalanas 760 millones y 437 millones en las de Madrid.
Las diferencias fiscales entre territorios de España son aún más claras en los impuestos propios. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) ofrece la siguiente panorámica: Catalunya es la autonomía con más tributos propios y donde más se recauda, 922 millones. A saber: canon del agua, grandes establecimientos comerciales, turístico, viviendas vacías, bebidas azucaradas envasadas… Así hasta quince en el 2024. En Madrid directamente no hay impuestos propios.
En el IRPF también se producen notables agravios, siendo los contribuyentes catalanes situados en los tramos medios y bajos los que más factura fiscal tienen que asumir. Madrileños y canarios se encuentran en el lado opuesto. Así, un estudio de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) indica que, para un contribuyente medio que ganara 30.000 euros brutos anuales en el 2023, en Catalunya tendría que abonar 446 euros más que un madrileño en IRPF. Para rentas de 60.000 euros anuales, la diferencia entre la tributación de un ciudadano que vive en Catalunya y otro que reside en Madrid sería de 1.120 euros a favor del segundo.
Los contribuyentes catalanes, por tanto, tienen la mayor presión fiscal, pero la paradoja del modelo español es que ello no implica necesariamente recaudar más. Dicho en otras palabras, Catalunya, pese a disponer de unos impuestos más altos, ingresa menos que Madrid. Lo certifica un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que concluye que la capital española tuvo en el 2022 unos ingresos tributarios homogéneos (incluidos los tributos cedidos y la parte autonómica de IRPF, IVA e impuestos especiales) de 29.250 millones, frente a los 27.900 millones de Catalunya. La explicación que da el Gobierno es por el efecto capitalidad.
La pregunta que surge analizando la fiscalidad autonómica y teniendo en cuenta los continuos récords de recaudación de las arcas españolas en los últimos años, se refiere a la presión fiscal media que soportan los contribuyentes nacionales en relación al resto de países de la UE. ¿En qué lugar se sitúa España? Los últimos datos de Eurostat apuntan que se encuentra en la parte baja de la tabla, con un nivel de ingresos y cotizaciones, tras deducciones, del 37% sobre el PIB. Por encima queda Portugal (37,6%) Alemania (40,3%), Italia (41,3%) y el país líder, Francia (45,6%). Sin embargo, la reciente reforma fiscal y la próxima subida del diésel harán que el porcentaje español suba. Pero la realidad fiscal española es, según los empresarios, muy diferente. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el órgano de análisis de la CEOE, España se sitúa entre los países peor parados en el índice de competitividad fiscal, que mide el escenario impositivo para las inversiones. La presión fiscal, añade este think tank, se sitúa en este momento en máximos históricos.
Los expertos defienden una reformulación del ‘café para todos’ fiscal a través de la reforma de la financiación
La descentralización fiscal en España lleva a los expertos en la materia a plantear soluciones. Todos concluyen en que hay que poner orden. Ángel de la Fuente, director de Fedea, es partidario de la autonomía fiscal, es decir, “que los gobiernos autonómicos decidan si necesitan más recursos para sufragar sus gastos o si prefieren que el dinero esté en el bolsillo de los contribuyentes”. “Son opciones legítimas y, si a los votantes les parece bien...”, añade De la Fuente, aunque reconoce que puede llevar a situaciones de desigualdad entre ciudadanos de uno y otro territorio, “que sí hay que evitar”. El experto explica que la recaudación en Madrid es superior por su PIB es mayor, no porque sea la capital.
Para Diego Martínez-López, catedrático de economía de la Universidad Pablo de Olavide, hay impuestos, como sucesiones y donaciones y patrimonio, que “deberían haber permanecido en el ámbito estatal por motivos de eficiencia y equidad”. “Una vez descentralizados, debería adoptarse una legislación sensata de armonización fiscal para evitar una competencia fiscal mal entendida”, asegura. El también investigador de Fedea se pregunta que, ya que aceptamos una armonización europea en impuestos sobre el consumo o a nivel OCDE y G20 en sociedades, “¿por qué no a nivel estatal en impuestos sobre la riqueza?” Y añade: “Respetando la autonomía tributaria de las autonomías, pero impidiendo que decisiones de unas afecten a otras vía huida de bases imponibles hacia regiones de baja fiscalidad”. Defiende que la anhelada reforma del sistema de financiación autonómica, si se acaba iniciando, “debería acompañarse de una reflexión y reforma sobre impuestos como los de sucesiones y donaciones, patrimonio y otros cedidos”.
Por un mismo hecho imponible de sucesiones y donaciones un catalán paga una tarifa mayor
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), afirma, por su parte, que fiscalidad y financiación van unidas. Coincide en este sentido con De la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Y añade Pich: “El debate tiene que servir para replantearse algunos impuestos”. Pone el ejemplo de Catalunya, donde su mapa fiscal “no es una carta de presentación positiva”.
El café para todos fiscal funciona, en definitiva, a regañadientes. Las autonomías ejercen su capacidad normativa y las decisiones políticas influyen, de ahí que el mapa sea tan diferente y se generen las desigualdades descritas. Pero para modificarlo o, al menos, poner algo de orden, se requiere una reforma de la financiación autonómica que deben pactar PSOE y PP, lo cual en este momento es una utopía. Una cosa es acordar una reforma fiscal con partidos de izquierda (ERC, Bildu y Podemos) y derecha (Junts y PNV) y otra sentar las bases del modelo de financiación de los servicios públicos, caducado ya hace once años
