Aerolíneas Argentinas... o no. El Gobierno de Javier Milei ha iniciado los trámites para privatizar la línea de bandera del país. Un golpe sobre la mesa para responder a las huelgas y protestas de los trabajadores desde el verano, pidiendo mejoras salariales en un país donde la inflación se come todo, y por unas cifras insostenibles que conviven con privilegios insólitos, principalmente entre los pilotos. El debate revive en el país: ¿hace falta una aerolínea pública?
El viaje de Aerolíneas es de ida y vuelta. Y otra ida y vuelta más. Nacida en 1950, se privatizó en 1990. Entonces entró Iberia, la SEPI y finalmente tomó el mando Marsans, que la llevó al límite, hasta que se reestatizó en el 2008, con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Milei firmó hace días el decreto que la declara “sujeta a privatización”. Una promesa electoral de los libertarios que hasta ahora no habían podido aplicar. La discusión de la privatización en la Cámara de Diputados en septiembre lanzó a los trabajadores a las calles, con huelgas en las terminales que trastocaron la movilidad día sí día también.
La gestión ha estado en manos estatales, de Iberia o Marsans a lo largo de su existencia
A su vez, abrió el debate público. Privatizar Aerolíneas, ¿sí o no? En comisiones broncas, el Gobierno no se guardó argumentos: lo pintó como un pozo sin fondo. Desde la nacionalización, el Estado ha inyectado 8.000 millones de dólares –7.320 millones de euros–, acumula un déficit operativo de 6.140 millones, no ha ganado dinero ni un ejercicio –pérdidas de cientos de millones– y está inflada en recursos y plantilla –unos 11.000 trabajadores–, dice. En el 2023 la pérdida operativa fue de 400 millones. Hasta agosto la gestión libertaria redujo la cifra a 84 millones, por los 300 en el mismo periodo del año pasado. Algún mes incluso ha ganado dinero, se detalla.
Pasajeros en el aeropuerto de Ezeiza, el principal de Buenos Aires
Los cálculos no salen, pese a que en el 2023 movió 13,8 millones de pasajeros, más que nunca, en sus 80 aviones. Se habla de costes operativos “altísimos”, una mala gestión histórica y compromisos salariales inasumibles. Los pilotos están entre los señalados. En parte son una herramienta para granjearse al ciudadano. Con una firma lastrada, mantienen privilegios. De media vuelan 35-40 horas y tienen garantizadas el pago de 75 por escrito. “Vuelen o no vuelen cobran lo mismo. Son privilegios, distorsiones”, criticaba el secretario de Transportes, Franco Mogetta. También repudió los 20 millones al año que se gastan en beneficios como vuelos en clase ejecutiva para ellos y su familia –incluso bajando del vuelo a alguien que hubiera comprado su billete–, que se cuente como jornada desde que se suben a un taxi para ir al aeropuerto, que no trabajen en su cumpleaños, los descuentos vitalicios... Aerolíneas tiene 14,2 pilotos por aeronave, un 40% más que el promedio, comparaba Mogetta.
Más de 20 millones en ventajas para pilotos: llegan a volar gratis con la familia
Al cóctel hay que añadir que la competencia ha sido nula en muchas rutas, con el mercado interno muy limitado a firmas extranjeras desde hace años y solo dos low cost como rivales, por lo que tiene la mayoría del mercado garantizado. Y no parece rentabilizarlo.
Con el baile de cifras y señalamientos, más de uno apoya la venta. Hay que recordar que es el octavo país más grande del planeta, con 4.000 kilómetros separando la ciudad más al sur y la más norteña. En las zonas más aisladas alguno no ha pisado un avión de Aerolíneas en su vida. “¿Por qué soportarla con mis impuestos?”, se cuestiona. Trabajadores y sectores de izquierda defienden una firma estatal. Señalan que en el pasado la gestión privada ha sido negativa. Y que se requiere alguien que opere las rutas que el mundo privado no vea rentables, para conectar la nación. Su apuesta es sanearla desde dentro.
De trasfondo hay además una disputa política. Milei pretende desregular el sector y abrirlo a compañías extranjeras. Los sindicatos temen por un desembarco de compañías de fuera y la pérdida de puestos de trabajo. Al frente de la central de pilotos más combativa está un kirchnerista –la oposición–, Pablo Biró. Los gremios del transporte por tierra, mar y aire, también cercanos al peronismo opositor, han convocado una huelga para el 30 de octubre, con Aerolíneas y otros reclamos como desencadenantes. Sea venta total, parcial o entregar la gestión, el Ejecutivo está abierto a todo, con compañías extranjeras atentas.
Serán Aerolíneas... ¿y Argentinas?
