En la política gallega la familia lo es casi todo. Pertenecer a tal o cual clan ha permitido a muchos medrar por encima de sus posibilidades, incluso sin tener el graduado escolar, como es el caso de Rafael Louzán (Ribadumia, 1967), recientemente elegido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En la tierra de las meigas no existen las casualidades, si no las amistades más o menos convenientes, que permiten milagros como comenzar siendo bedel de un polideportivo y terminar años después presidiendo la Diputación de Pontevedra.
Louzán, erigido hace unos días como nuevo rector del fútbol español con los votos, entre otros, del FC Barcelona y de la Federació Catalana, proviene de una de las familias políticas más exitosas en Galicia, conocida como los boinas , por su vínculo con el mundo rural. Este sector del Partido Popular surgido en los años ochenta tenía como patriarca a Xosé Cuíña, mano derecha de Manuel Fraga y su eterno sucesor.
“Los madridistas estamos muy contentos con él, estoy a su disposición”, dice de Florentino
El primer padrino de Louzán en el ayuntamiento de Ribadumia, su localidad natal y desde donde dio el salto al estrellato, fue José Ramón Barral, ‘Nené’, alcalde de la ciudad durante 18 años y para las autoridades uno de los principales traficantes de tabaco de Galicia y brazo derecho de Vicente Otero Terito (quien en el famoso libro Fariña se dedicaba al contrabando de tabaco). Él fue quien elevó a Louzán primero a chico de los recados, después a bedel de polideportivo y más tarde a político de casta. De la mano de Cuíña pasaría de teniente de alcalde de su pueblo (1995) a secretario de organización del Partido Popular de Pontevedra (1998), después de que su mentor, Nené, fuese expulsado del partido tras ser finalmente detenido por contrabando. Y de ahí dio el salto a la Diputación de Pontevedra (2003), donde estuvo más de una década. Desde allí se convirtió en un nombre clave de la política gallega.
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La carrera de Rafa Louzán ha estado salpicada de forma constante por acusaciones de caciquismo, juego sucio y corrupción. Un mundo este de la política gallega en el que aunque todo sea como parece, siempre resulta imposible demostrarlo. Como nunca se supo si fue Louzán quien traicionó a Nené con una llamada anónima para que fuese detenido, o si cambió de bando a última hora para perjudicar a Cuíña en su candidatura para presidir el PP gallego. Tampoco si existió una red de apoyos creada por él llamada el sindicato de alcaldes que resultó clave en la posterior elección de Alberto Núñez Feijóo.
Los problemas con la justicia no tardaron en llegar. Uno de sus grandes proyectos fue regar de campos de césped artificial toda la provincia. Sus detractores lo acusaron de conceder contratos públicos a empresas vinculadas con su entorno. Lo único que se pudo demostrar fue que había pagado, en 2013, 86.311 euros por unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que, en su mayor parte, ya estaban ejecutadas por un contrato anterior de 2011. Por ello fue condenado por fraude y prevaricación, aunque solo sería condenado en firme (ya saben que demostrar lo que sucede no es tan sencillo) por prevaricación. Años antes, en 2014, ya había abandonado la política para ser presidente de la federación gallega de fútbol, donde recibió en 2021 la condena de dos años de cárcel y la inhabilitación de 7 para ejercer como cargo público, cuyo recurso para ser exonerado presentado ante el Tribunal Supremo será resuelto el próximo 2 de febrero.
El Tribunal Supremo debe decidir el próximo febrero sobre su inhabilitación como cargo público
Amigo íntimo de Javier Tebas y confeso madridista y admirador de Florentino Pérez, hace pocas fechas, en una entrevista a Telemadrid, dijo textualmente: “Hace mucho que le conozco y tengo una gran admiración por su trabajo, por dónde ha llevado a este club y todo el madridismo estamos muy contentos por su gestión”.
Para que su nuevo proyecto en la Federación tenga éxito necesitará más que nunca de sus alianzas, pues aunque él defienda que su inhabilitación no afecta a una entidad privada, los estatutos recogen negro sobre blanco como requisito el “no estar inhabilitado para cargo público”. Esta será otra de esas contradicciones que siempre le han acompañado y que está acostumbrado a superar.
