LaLiga podrá identificar las IP de quienes vean partidos de forma pirata
El organismo obtiene una autorización judicial sin precedentes para rastrear a usuarios de AceStream durante toda la temporada 2024/25
La batalla contra la piratería del fútbol alcanza un nuevo nivel sin precedentes en España. El Departamento de Fraude Digital de LaLiga ha conseguido su mayor victoria judicial hasta la fecha, obteniendo autorización para identificar semanalmente a los usuarios que ven partidos de forma ilegal a través del reproductor AceStream, permitiéndoles obtener nombres, direcciones y documentos identificativos de los infractores, según revela BandaAncha.
A diferencia de informaciones previas que sugerían lo contrario, esta nueva medida, que estará vigente durante toda la temporada 2024/25, permite a LaLiga solicitar a las principales operadoras (MásOrange, Telefónica, Vodafone y Digi) datos personales completos de los clientes cuyas IP sean detectadas accediendo a retransmisiones no autorizadas.
De perseguir servidores a rastrear usuarios finales
Javier Tebas, presidente de LaLiga
La estrategia de LaLiga contra la piratería está evolucionando significativamente. Hasta ahora, su enfoque se centraba en bloquear servidores y perseguir a quienes obtenían beneficios económicos mediante la redistribución ilegal. Sin embargo, la organización ha dado un paso más allá apuntando directamente al usuario final. Los precedentes ya existen: en marzo, LaLiga envió miles de cartas exigiendo el pago de 450€ para evitar demandas, y recientemente ha iniciado una nueva campaña solicitando 262€ a usuarios identificados de AceStream.
Para evitar estos problemas legales, los aficionados pueden acceder a diversas ofertas legítimas para ver LaLiga a través de los operadores autorizados. O eso, u ocultarse a través de una VPN, que puede enmascarar una conexión a través de un servidor en el extranjero, lo que hace que esta ley haya nacido con alguna pata coja. Y es que, si un usuario español hace que su IP pública pase por un servidor que está en la otra parte del mundo, difícilmente será rastreable hasta su domicilio. Recuerda un poco al bloqueo de The Pirate Bay, que quedó como un enorme brindis al sol.
La nueva autorización judicial, obtenida el 8 de julio por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, otorga a LaLiga poderes sin precedentes: podrá monitorizar y solicitar semanalmente hasta mayo de 2025 la identidad completa de los usuarios, incluyendo nombre, dirección postal y documento identificativo.
Esta autorización, fundamentada en el artículo 256.1.11° de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proporciona a LaLiga una herramienta extraordinariamente potente. La organización ya dispone de la tecnología necesaria para recopilar las direcciones IP conectadas a canales específicos de AceStream, y ha comenzado a identificar usuarios durante las jornadas 2 y 3 de la actual temporada de Primera División.
El mecanismo permite a LaLiga no solo detectar las IP que participan en las redes P2P donde se retransmiten los partidos sino también, y esto es lo más significativo, obtener la identidad real de los usuarios a través de las operadoras de telecomunicaciones. Los datos proporcionados incluyen información detallada del titular del contrato, su dirección de instalación y facturación, así como su documento identificativo.
Una forma de presionar legalmente a los usuarios
AceStream, el programa cuyos usuarios serán perseguidos
En cualquier caso y, según parece, lo que estos documentos que algunos usuarios están recibiendo son demandas de conciliación previas. Estas demandas de conciliación instan a los usuarios notificados a pagar una cantidad de dinero para evitar futuras demandas. El monto total de la cantidad es de 261,65 euros, tal y como se ha publicado en lugares tan inverosímiles como Forocoches.
Expertos en derecho digital advierten de que las demandas de conciliación previas son totalmente voluntarias y sólo buscan presionar a los usuarios, con lo que responder o pagar podría ser considerado como una admisión de culpabilidad. Esto podría llevar a consecuencias legales mucho mayores, por lo que parece que la inacción (y consultar con un abogado para ver qué opciones hay sobre la mesa) son las opciones más recomendables.
Además, los mismos expertos señalan que esta práctica implica una monitorización masiva y constante por parte de las operadoras. Aquí entramos en el terreno de privacidad del usuario y en lo invasivo para la misma de este método. Y es que las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmando que si los aficionados pagasen por ver fútbol sería más barato, suenan un poco a excusa.
Quizá la medida más efectiva contra la piratería sería abaratar los precios y dejar de asfixiar al aficionado, pero en los tiempos que corren del fútbol negocio, donde cualquier movimiento conlleva cantidades de dinero ridículamente altas, nadie quiere perder su margen de beneficio. Y LaLiga, nacida al amparo del país del "pelotazo", menos que nadie.
Esta nueva fase en la lucha contra la piratería deportiva marca un punto de inflexión en España. Los usuarios que hasta ahora podían sentirse relativamente seguros viendo partidos de forma ilegal deberán reconsiderar sus opciones, ya que las consecuencias legales son ahora una posibilidad real y tangible. La temporada 2024/25 se presenta como el primer período donde ver fútbol pirata puede resultar significativamente más caro que contratar un servicio legal.
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